«No hay vía para canalizar esta inquietud de la CNDH, no hay legitimación de la CNDH para excitar esta actividad de la Corte, y no hay competencia de la Corte para hacer pronunciamientos respecto de decisiones tomadas por tribunales colegiados».

«Recordamos a las víctimas de la masacre de San Fernando que aún no han sido identificadas a más de un año del suceso, en donde se hallaron los cadáveres de 73 migrantes en una fosa común, de los cuales, 12 aún no han sido identificados».

Gerardo Laveaga declaró ayer en entrevista con La Jornada: «(…) Evidentemente todos los derechos tienen límites: la libertad de expresión, de religión, de desplazamiento, todas la libertades tienen límites (…)»

Ayer, Felipe Calderón reivindicó a Benito Juárez como un ministro brillante que no separó la ley de la justicia; sin embargo, no dejó de tener en la mira el caso de Florence Cassez. De esta manera, señaló: «Fueron muchos los ruegos de indulto y las presiones internacionales sobre Juárez, pero al final prevaleció la justicia y Maximiliano fue fusilado».

El día de ayer, durante la conferencia de prensa del Centro Prodh y Tlachinollan, José Rubio, hermano de Bonfili Rubio Villegas, joven nahua víctima de ejecución extrajudicial en un retén del Ejército mexicano, señaló que el trato de la justicia hacia ellos, los hace sentir:»Desprotegidos, como ciudadanos de segunda, porque los militares tienen el poder de hacer y deshacer. Por hablar náhuatl nos niegan el derecho a ser escuchados para explicar nuestro dolor».

Ariel Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, denunció que: «El Grupo de Trabajo recabó testimonios fidedignos que señalan a integrantes del Ejérctio, la Marina, la Policía Federal, agentes migratorios implicados, lo mismo que a policías municipales y estatales. En todos los niveles de las fuerzas de seguridad en México hay responsables, según las alegaciones».