Esperemos que ese papel protagónico en la vida política de la nación que siguen teniendo militares y marinos no sea óbice para que el Ejército sea llamado a la rendición de cuentas en historias que han marcado nuestro país como lo es Ayotzinapa y la propia ejecución sumaria de Tlatlaya. (…)

El escenario de campos de refugio, contención, castigo, y como quiera de encierro no debe sernos indiferente. Lo estamos viendo en Tapachula y Ciudad Hidalgo para frenar la marea, mientras en el norte del país el pronóstico es reservados ante la inminente deportación desde Estados Unidos de miles de migrantes centroamericanos y de otros orígenes, muchos de los cuales “esperarán” en México la solución a su demanda de asilo o regularización migratoria en Estados Unidos. (…)

Las mujeres con discapacidad psicosocial son consideradas dependientes, incapaces de criar hijos y hasta de tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción. Esta percepción es errónea y el Estado está obligado a proporcionarles los apoyos que necesitan y a eliminar las barreras que enfrentan en la sociedad, en torno a su sexualidad y reproducción. (…)

Que la MIA o el EIA no vinculen la refinería de Dos Bocas a los compromisos que México asumió como parte del Acuerdo de París es una forma pasiva -y alta en significado- de negar el cambio climático y al hecho de que México es una país vulnerable a sus impactos, sobre todo aquellas comunidades, poblaciones y sectores socioeconómicos más desprotegidos. (…)

Los anuncios de reformas para “corregir” el modelo esconden intenciones de disminuir los estándares de desempeño para los operadores y amenazan con repetir precisamente lo que pasó con el modelo inquisitivo: distorsionar sus fines (…)

Sin duda, la entrada en vigor en 2017 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes representó un enorme avance a nivel legal. Los retos de su implementación siguen siendo grandes; para la sociedad, principalmente, el persistir en la denuncia y la diaria exigencia de su cumplimiento; para las autoridades, la capacitación, la independencia de las instancias investigadoras y periciales y, sobre todo, las acciones que demuestren que esta práctica no se tolerará, encubrirá ni fomentará. (…)