Así, con dos permisos irregulares que han sido anulados gracias a la defensa jurídica emprendida por los habitantes de la región, hoy Semnsa ha introducido a Noria de la Sabina al menos 80 mil toneladas de basura tóxica y peligrosa. Además de haber engañado y violentado el derecho humano a un ambiente sano, la empresa, sin autorización ambiental válida y confiada en sus amarres políticos, no ha dejado de trabajar ni siquiera ahora en tiempos de Covid-19. (…)

Estamos ante una ocasión propicia para insistir en una verdadera reforma policial, que comience desde lo local y se proyecte a toda la nación. Las ideas abundan, pero la voluntad política y el compromiso de largo plazo con políticas que no reditúan electoralmente de forma inmediata, escasean. (…)

La capacitación de las policías es una respuesta necesaria, pero insuficiente. La responsabilización policiaca tendrá que construirse a partir de una serie de modificaciones estructurales que doten de suficiente supervisión externa e interna al quehacer de la policía (…)

Pero un entendimiento cabal de la constitución y del régimen de derechos humanos vigente llevaría a sostener que la CNDH sí podría impugnar un acto jurídico distinto a una ley en sentido estricto. Tal sería justo el caso del acuerdo presidencial aquí analizado (…)

En contraparte de la brutalidad policial discrecional, la iniciativa demócrata apuesta por los programas de policía basados en la comunidad; para ello, reconoce la experiencia de las organizaciones de acreditación y aplicación de la ley, las organizaciones laborales, las organizaciones comunitarias y las organizaciones profesionales de supervisión civil para el desarrollo de estándares. (…)

Afecta muy sensiblemente a las economías de la Península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde al menos un tercio de la población es de origen indígena (…)