No es sólo que las fiscalías no investiguen y dejen en la impunidad prácticamente todas las desapariciones del país, obteniendo sólo un puñado de sentencias, tampoco están dispuestas a ceder espacio para que otros y otras intenten hacer las identificaciones que éstas, por indiferencia, falta de capacidades o abierta complicidad con el crimen, no han hecho (…)

La justicia no se logra por decreto presidencial, mucho menos cuando éste solo se traduce en buenas intenciones y no en políticas integrales y presupuestales que atiendan las circunstancias particulares de las personas privadas de libertad, así como las fallas estructurales de las instituciones de justicia que siguen sin funcionar (…)

La carta de presentación con la que Andrés Manuel López Obrador se abrió posibilidades para el triunfo en la tercera elección a la Presidencia de la República en la que participó, fue sin duda su discurso anticorrupción y la legitimidad que cobraba frente a sus contrincantes políticos que nunca, durante las contiendas, pudieron acusarlo de algún acto de corrupción. La narrativa fue transformándose conforme se acercaba la elección, al grado de que su compromiso en la lucha contra la corrupción que el país requería se redujo a advertir que él no iniciaría la persecución contra ningún corrupto, sino que sólo daría cauce a las denuncias que ya estaban en marcha. (…)

Diversas organizaciones, y por lo menos un organismo público autónomo que defiende derechos humanos, han sostenido la inconstitucionalidad de estas reformas al Código Penal, debido a que contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente los artículos 9, 16 y 108, así como diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, los cuales, sobra decirlo, le generan a éste obligaciones y deberes en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, están los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…)

“El contexto de seguridad en México, con la proliferación del crimen organizado y el incremento del tráfico ilícito, es también muy complejo. La expansión de las funciones de orden público y civil a las fuerzas militares como una regla ordinaria en vez de una excepción tiene impacto en los derechos humanos. Mi oficina ha hecho un llamado para que se reconsideren estas medidas para cumplir con los estándares internacionales. La administración del presidente López Obrador se ha caracterizado por una creciente atribución de poderes a las Fuerzas Armadas, incluyendo asuntos de seguridad interna a través de la creación de la Guardia Nacional… de manera que el secretario de la Defensa también ha tenido un mayor papel en los proyectos lanzados por el presidente López Obrador, incrementando su presupuesto y su rol en el desarrollo de infraestructura pública(…)

Encontrar a las personas desaparecidas no es una tarea sencilla. Por eso mismo existe la urgencia de conocer qué esfuerzos valen la pena, dónde invertir con inteligencia los recursos del erario, cuáles estrategias han sido exitosas y cuáles han fracasado (…)