En esta semana que celebramos el Día Internacional de la Mujer, gracias a la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, es preciso hacer una reflexión sobre la experiencia que tienen ellas en este momento de la historia de nuestro país, que enfrenta prácticamente una guerra civil en algunas regiones.

El dia 13 de agosto de 2001 fueron detenidos, en la Ciudad de México, los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, junto a Pablo Alvarado Flores y Sergio Galicia Max. Mediante una acusación amañada, fueron reos de las fuerzas represivas y víctimas de prolongadas sesiones de tortura física y psicológica, con el objetivo de vencer la resistencia de estos destacados luchadores de la izquierda azteca. Condenados tras una parodia de proceso judicial, Alejandro cumplió cuatro años de sentencia de prisión; ocho años, Héctor y Antonio.

Desde el Sididh queremos utilizar esta fecha (8 de marzo) para hablar de todas las mujeres que, a través de su lucha, han mostrado que existe esperanza en el mundo y posibilidades de transformación ante una determinada situación. Desde el Centro Prodh, las mujeres se han presentado como víctimas cotidianas de la injusticia; sobre todo aquellas que cuentan con una situación económica desfavorable.

Los días 28 y 29 de febrero de 2012, reunidos en el Centro Indígena de Capacitación Integral, Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, decenas de organizaciones se encontraron para intercambiar experiencias y saberes. Esto, dentro del compromiso con la construcción de alternativas que frenen y transformen las condiciones estructurales y sistémicas que han desatado la violencia de Estado.

El día de ayer se llevó a cabo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la presentación del libro Los Mártires de la Democracia. La larga lucha de una familia de la Comunidad Indígena de Tarejero por la verdad y justicia, de Abdallán Guzmán Cruz y Julio Pimentel. El libro es un recuento de los 37 años de lucha desde la detención arbitraria y desaparición forzada de José de Jesús Guzmán y de sus hijos Amafer, Armando, Solón y Venustiano Guzmán Cruz.

Sin tomar en cuenta las sugerencias de la OACNUDH para posibilitar una buena práctica legislativa en materia de Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, se aprobó un tipo penal que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que, en cambio, muestra la falta de compromiso del ejecutivo y del legislativo con las familias de personas desaparecidas y con la vigencia de los derechos humanos en Coahuila.