El pasado 15 de mayo, fue asesinado en la entidad Manuel Gaspar Rodríguez, dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP).  El 1 de junio, el activista ambiental Adrián Tilihuit fue ejecutado y arrojado al fondo de un barranco en la zona de Zacapoaxtla. Ambos activistas estaban implicado en la pelea contra la empresa Gaya S.A de C.V., que trabaja en la construcción de dos plantas hidroeléctricas que se beneficiarán del agua del río Apulco. (…)

No obstante algunos avances, a 8 años de los hechos de San Fernando, los familiares siguen buscando la verdad de lo ocurrido, justicia y reparación. Durante este tiempo han enfrentado irregularidades respecto a la correcta identificación y entrega de los cuerpos hallados, falta de coordinación entre los países centroamericanos y México, y dificultades para acceder a las copias de los expedientes y conocer el avance de las investigaciones. (…)

En el marco de su informe sobre la etapa consultiva del proceso de consulta indígena en Valles Centrales -sobre la modificación del decreto que establece veda por tiempo indefinido para la extracción de aguas del subsuelo-, las organizaciones manifestaron que las instituciones federales y estatales, desde el inicio de la consulta, han mostrado irregularidades en su asistencia y cambios en el personal que han dificultado los compromisos y el desarrollo de las actividades. (…)

Las organizaciones encontraron un aumento en el flujo de niñas, niños y adolescentes migrantes y un alto número de mujeres menores que viajan no acompañadas (72%). También documentaron que los principales delitos y violaciones de derechos humanos que se cometieron directamente contra las personas migrantes fueron el robo (76.06%), las lesiones (5.14%), extorsión (4.04%), el secuestro (3.82%) y el abuso de autoridad (2.90%). (…)

El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. Se trata de un asunto de gran trascendencia para la sociedad (…)

El semanario señala que analizó los recursos interpuestos por instancias federales contra la sentencia de un tribunal colegiado de Tamaulipas, que ordenó la creación de una comisión investigadora extraordinaria para el caso de la desaparición de los 43 normalistas hace ya cuatro años y quienes continúan en paradero desconocido. Proceso señala que a los más de cien recursos de las instancias se han sumado escritos de personal de la Marina, el Ejército y la PF que tuvieron alguna participación en la desaparición. Advierte que, en algunos casos, los escritos coinciden hasta en puntos y comas. (…)