Este 10 de mayo los cinco candidatos a la Presidencia de México subieron a sus respectivas redes sociales mensajes dedicados a celebrar a las madres mexicanas. Ninguno de ellos dedicó una sola palabra -por lo menos en esos mensajes- a las mujeres madres de personas desaparecidas que, como sabemos, en México se cuentan por miles. “Nada que festejar”, decían ellas, arrastrando los zapatos y sus uñas llenas de tierra. Esa tierra que han acumulado, removiendo en fosas o por dónde pueden, en busca de sus hijos perdidos.
Entre los miles de madres de personas desaparecidas están las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Tal vez alguna acudió a la marcha de ayer en Paseo de la Reforma, junto con tantas otras. Otras acudieron a la Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en República Dominicana esta semana. Esa sesión, con la que se acerca más el momento de que se presenten las conclusiones de la Justicia Interamericana sobre el emblemático caso. No serán buenas noticias para el gobierno mexicano.
Esta semana también se dio a conocer el informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. “Doble Injusticia”, lo titularon.
El informe fue impugnado por el gobierno mexicano y, días más tarde, respaldado desde Ginebra por ese organismo de derechos humanos. El reporte no tiene un alcance tal que permita saber quién o quiénes cometieron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal. Tampoco abarca lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, ni lo sucedido durante las investigaciones del caso a partir de enero de 2016. El informe se centra exclusivamente en los inicios de la investigación atraída por las autoridades federales y con eso se tiene suficiente para saber cómo quedó marcado el caso por actuaciones que deben ser investigadas, no solo por organismos de derechos humanos.
La tortura está ahí como práctica recurrente, de nuevo, en este informe. De las 129 personas procesadas la ONU-DH analizó 34 casos. Identificó prácticas de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves. Los episodios de tortura fueron cometidos “probablemente”, dice el informe, por elementos de la Policía Federal, Policía Ministerial, Semar y personal ministerial de la PGR, principalmente de la Seido. Las agresiones habrían sido cometidas durante los traslados en vehículos, en casas no identificadas y en oficinas de la PGR, incluyendo instalaciones en la Ciudad de México. Un dato relevante es que los investigadores no identificaron casos de tortura sino hasta el momento en que la PGR atrajo las investigaciones.
En el informe se recuperan fragmentos de testimonios de las 34 personas cuyos casos fueron analizados. El texto publica, entre otras cosas, un aséptico enlistado de las modalidades de tortura denunciadas: “…penetración anal -por lo menos en tres casos de hombres procesados-, toques eléctricos en genitales, pezones y ano y amenaza de violación sexual a las mujeres de la familia de la persona detenida… amenazas de muerte… golpes… asfixia”. El informe también analiza el informe de la evaluación interna de la Visitaduría General de la PGR y otros elementos relevantes del caso. El caso es un compendio de irregularidades. Queda claro que la actuación de las autoridades debería ser investigada en los circuitos formales de la justicia mexicana.
¿Cómo se le explica a las madres de los 43 jóvenes desaparecidos que el caso más emblemático de los últimos años está marcado por una investigación corrompida? ¿Cómo festejar el Día de las Madres, en México, sin ponerlas a ellas primero?
Casos como el de Ayotzinapa han impactado profundamente por su alcance y significado. A pesar de ello, mucha gente prefiere voltear para otro lado o seguirse de largo frente a esta inmensa tragedia. El Alto Comisionado de ONU-DH, Zeid Ra’ad Al Hussein, lo dijo sin muchos rodeos, cuando estuvo en México en 2015. El caso Iguala, “…un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas, que afectan al país entero”.
Este es un artículo de Carmen Aristegui, publicado originalmente el 11 de mayo de 2018 en el periódico Reforma.