![\"Israel](\"http:\/\/centroprodh.org.mx\/sididh_2_0_alfa\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/Screenshot_17.jpg\")
<\/a>El pasado 12 de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) public\u00f3 el engrose sobre del \u00a0caso de Israel Arzate Mel\u00e9ndez \u00a0(detenido arbitrariamente y acusado de la masacre de Villas de Salv\u00e1rcar) y el d\u00eda 23 las tesis aisladas que derivaron del proceso fallado en noviembre de 2013. En el marco de la discusi\u00f3n, advert\u00edamos sobre el car\u00e1cter emblem\u00e1tico del caso y la posibilidad que para la Corte representaba su resoluci\u00f3n y el impacto estructural que podr\u00eda tener en el sistema de justicia y en la lucha contra el fen\u00f3meno sistem\u00e1tico de la tortura.<\/p>\n
La Primera Sala gener\u00f3 ocho tesis \u00a0aisladas que se agrupan en tres rubros: tortura; \u00a0derecho a la libertad personal, detenci\u00f3n y puesta a disposici\u00f3n inmediata y obligaciones judiciales al realizar el control de detenci\u00f3n, y; estudio de pruebas superveniente cuando versen sobre violaciones a derechos humanos.<\/b><\/p>\n
Tortura<\/b><\/p>\n
La Corte refrenda la prohibici\u00f3n absoluta de la tortura. Establece que la tortura tiene una doble dimensi\u00f3n: como violaci\u00f3n de derechos humanos y como delito y que tales actos actualizan una categor\u00eda especial y, de tal gravedad, que impone la obligaci\u00f3n de las autoridades de llevar a cabo un an\u00e1lisis y una protecci\u00f3n de la m\u00e1xima intensidad bajo los est\u00e1ndares nacionales e internacionales de derechos humanos.<\/p>\n
Con relaci\u00f3n a las obligaciones de garant\u00eda y protecci\u00f3n, establece que toda autoridad que tenga conocimiento por parte de una persona que denuncie haber sido v\u00edctima de tortura o cuando tenga conocimiento de indicios o datos que la presuman, deber\u00e1 de oficio y de forma inmediata, dar vista al Ministerio P\u00fablico para que inicie una investigaci\u00f3n de manera independiente e imparcial.<\/p>\n
La Suprema Corte establece que las autoridades tienen la obligaci\u00f3n de intervenir de forma expedita cuando existan denuncias de tortura y el deber de garantizar una investigaci\u00f3n adecuada en un plazo razonable y determinar la responsabilidad a trav\u00e9s de un proceso penal.<\/p>\n
A\u00f1ade que debe considerarse como denuncia todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad. Consecuentemente, la obligaci\u00f3n de protecci\u00f3n recae en todas las autoridades y no s\u00f3lo en aquellas que deban investigar o juzgar un caso en el que se alegue que una declaraci\u00f3n incriminatoria fue realizada bajo tortura.<\/p>\n
Cuando la denuncia de tortura se d\u00e9 en el marco de una investigaci\u00f3n o de un proceso penal, las autoridades deben iniciar una investigaci\u00f3n diligente y conforme a los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de protecci\u00f3n de derechos humanos. El hecho de que no se hayan practicado de forma inmediata ex\u00e1menes pertinentes para determinar la existencia de tortura, no exime a las autoridades de la obligaci\u00f3n de realizarlos e iniciar la investigaci\u00f3n respectiva, la que debe practicarse con independencia del tiempo transcurrido desde la comisi\u00f3n de los actos denunciados.<\/p>\n
Finalmente, la Corte refrenda la regla general de exclusi\u00f3n de prueba il\u00edcita y de manera espec\u00edfica en aquellos casos en que los datos de investigaci\u00f3n o medios de prueba hayan sido obtenidos mediante actos de tortura.<\/p>\n
Libertad personal<\/b><\/p>\n
La Corte reitera que la libertad personal se reconoce y protege como un derecho humano de primer orden, con tutela convencional y constitucional. De ah\u00ed la leg\u00edtima expectativa de las personas de no verse afectadas sino por causas justificadas y bajo supuestos de excepcionalidad reconocidos y limitados de forma taxativa por la Constituci\u00f3n y los tratados internacionales.<\/p>\n
Cuando las autoridades aduzcan una detenci\u00f3n en flagrancia deben acreditar fehacientemente la existencia de elementos objetivos y razonables para justificar v\u00e1lidamente la afectaci\u00f3n a la libertad y seguridad personal. Si la detenci\u00f3n no se da bajo el respeto del sistema constitucional y convencional, cumpliendo los requisitos y garant\u00edas establecidos a favor de la persona asegurada, ser\u00e1 considerada como arbitraria. La consecuencia es su invalidaci\u00f3n y la de los datos de investigaci\u00f3n o pruebas obtenidos de forma directa e inmediata con la detenci\u00f3n.<\/p>\n
Si una autoridad realiza una detenci\u00f3n bajo el supuesto de flagrancia debe remitir de forma inmediata a la persona ante la autoridad competente sin retraso injustificado o irracional. Asimismo, la persona debe ser informada en el momento de la detenci\u00f3n de las razones y justificaci\u00f3n de la misma y de los cargos formulados en su contra.<\/p>\n
Finalmente, las autoridades ministeriales y judiciales tienen la obligaci\u00f3n de realizar un control estricto y riguroso de las condiciones de la detenci\u00f3n y ordenar la libertad inmediata de la persona si la detenci\u00f3n fue ilegal o arbitraria. La obligaci\u00f3n de protecci\u00f3n se refuerza cuando existen indicios o denuncia expresa de violaci\u00f3n a derechos humanos. Consecuentemente, las autoridades deben allegarse de todos los elementos y datos necesarios para salvaguardar la defensa adecuada de quien est\u00e1 sujeto a su tutela.<\/p>\n
Control jurisdiccional y violaciones a derechos humanos<\/b><\/p>\n
La Corte estableci\u00f3 que el hecho de que el juez natural no haya tenido acceso a la carpeta de investigaci\u00f3n, trat\u00e1ndose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que los \u00f3rganos jurisdiccionales de amparo admitan y valoren medios de prueba supervenientes que no obren en la carpeta de investigaci\u00f3n, pero que tengan vinculaci\u00f3n directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigaci\u00f3n, atendiendo a la tutela judicial efectiva y al principio de excepcionalidad que adquieren mayor preponderancia cuando se trata de violaciones graves como la tortura.<\/p>\n
Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n Los criterios del caso Israel Arzate constituyen un avance significativo en la lucha por la erradicaci\u00f3n de la tortura en nuestro pa\u00eds y pueden ayudar a consolidar el nuevo sistema de justicia penal de car\u00e1cter acusatorio, adversarial y oral, puesto a prueba en este caso. En un pa\u00eds donde la tortura es una realidad lacerante, una \u201cendemia\u201d como afirm\u00f3 recientemente el relator de la ONU sobre tortura; la labor de los \u00f3rganos jurisdiccionales debe transitar hacia un modelo de protecci\u00f3n efectiva de los derechos humanos. La debida implementaci\u00f3n de estos criterios representa un signo de esperanza para personas que son v\u00edctimas de este condenable acto, muchas de ellas a\u00fan en el anonimato.<\/p>\n