Ciudad de México, 21 de octubre de 2021. El Poder Judicial de la Federación no ha garantizado un efectivo acceso a la justicia en los litigios que han emprendido en contra el denominado “Tren Maya”, denunciaron comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la Península de Yucatán.
Representantes de las organizaciones Indignación A.C., Kanan Derechos Humanos A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), así como la abogada Kalycho Escoffié -acompañantes de las personas en los procesos judiciales-, exhibieron que ha prevalecido dilación de los juicios, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables, todo lo cual constituye violaciones a los derechos humanos.
Desde enero del 2020, comunidades de la Península Yucatán, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto demandas en contra del “Proyecto de desarrollo Tren Maya”, en las que se reclaman violaciones a sus derechos humanos ambientales, derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la información pública, entre otros.
Después de 15 meses de iniciar los procesos judiciales, algunos amparos siguen a la espera de ser admitidos. Esto sucede ya que el Consejo de la Judicatura Federal, a petición de Nacional Financiera y sin avisar a las promoventes de los amparos, decidió que todos los asuntos relacionados con el Tren Maya fueran conocidos por el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán. De esta manera, después de más de un año de promovidos, se está a la espera de que la totalidad de actuaciones lleguen a dicho juzgado para poder tener una admisión completa de la demanda.
Las comunidades y organizaciones también denunciaron que se han presentado pruebas periciales, solicitud de medidas cautelares y ampliaciones de demanda, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito se haya pronunciado. Esto deja sin posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia a comunidades, pueblos y colectivos que consideran, con razones sólidas, que el proyecto “Tren Maya” es contrario a los derechos humanos, y «hace evidente que el Poder Judicial de la Federación se está limitando a si mismo en su actuar en violación al estándar fijado por el Acuerdo de Escazú», agregaron.
Las y los defensores informaron que, además, han constatado mediante sobrevuelos la realización de actividades al margen de la ley en al menos 144 hectáreas de selva maya en diversos municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, como es el caso de la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos, entre otras. Ante ello, realizaron solicitudes de información, en la que las propias autoridades indicaron que las zonas “no cuentan con permisos de cambios de uso de suelo en terrenos forestales vinculadas al proyecto “Tren Maya”.
Asimismo, a través de estos sobrevuelos las y los defensores constataron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sigue trabajando en toda la ruta del proyecto realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, en las que se obliga a las autoridades ha abstenerse de ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya.
Por último, advirtieron que, aunque se ha modificado el trazo del proyecto en algunas poblaciones como Campeche y Mérida para evitar desalojos, en comunidades mayas continúa el proceso de desalojo forzoso e incluso se ha presionado a pobladores que han presentado amparos para que entreguen sus terrenos.
Ante ello, las comunidades exigieron que el Poder Judicial garantice el respeto de sus derechos humanos y actúe con celeridad y diligencia.