Ciudad de México, 04 de octubre de 2021. Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, sus representantes legales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtieron de los riegos que representa para la investigación la forma en que la Secretaría de Gobernación hizo públicos dos folios con conversaciones entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos y de servidores públicos, interceptadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y entregadas a las autoridades civiles 7 años después de los hechos.
Las tres instancias coincidieron en señalar que la forma en que se publicó la información arriesga el éxito de la investigación y que, además, no fueron consultados sobre la decisión de hacerlo.
En un escrito dirigido a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), el GIEI advirtió que «si bien comprendemos la importancia de la transparencia y el acceso a información, en este caso se trata de información reservada que desde GIEI se ha solicitado a entidades estatales, a través de COVAJ, para ser presentada en la investigación penal. Ustedes, como nosotros, conocen que se trata de información reservada, ya que se encuentra dentro de una investigación penal».
Tanto las familias como sus representantes señalaron que esto confirma que el Ejército posee información sobre los hechos que no ha entregado a pesar de estar obligado a hacerlo desde hace al menos tres años.
El Centro Prodh no descartó que el Ejército tenga más información en su poder y señaló que, ante la posibilidad de que se trate de intervenciones ilegales de comunicación, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas.