Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, pronunció estas palabras el pasado 9 de diciembre:
“El contexto de seguridad en México, con la proliferación del crimen organizado y el incremento del tráfico ilícito, es también muy complejo. La expansión de las funciones de orden público y civil a las fuerzas militares como una regla ordinaria en vez de una excepción tiene impacto en los derechos humanos. Mi oficina ha hecho un llamado para que se reconsideren estas medidas para cumplir con los estándares internacionales. La administración del presidente López Obrador se ha caracterizado por una creciente atribución de poderes a las Fuerzas Armadas, incluyendo asuntos de seguridad interna a través de la creación de la Guardia Nacional… de manera que el secretario de la Defensa también ha tenido un mayor papel en los proyectos lanzados por el presidente López Obrador, incrementando su presupuesto y su rol en el desarrollo de infraestructura pública.
“Ya que fui ministra de Defensa, entiendo que las Fuerzas Armadas pueden jugar un rol importante en muchas cosas, por ejemplo, en la respuesta a la pandemia, porque son muy buenas en logística e infraestructura; pueden jugar un rol muy importante, pero que tiene que ser guiado por civiles, por políticos, que son quienes dan las órdenes, y los militares tienen que seguir las órdenes que dan los actores políticos que han sido electos por la gente (citado de comunicación electrónica enviada por la oficina de Medios de ONU-DH México)”.
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