Nuevamente el PRI, en alianza con los rebeldes del PAN, apuran la aprobación de la Ley de Seguridad Interior antes de concluir el periodo legislativo. Dicen sus proponentes que esta nueva versión corrige los excesos, peligros y violaciones a la Constitución de versiones anteriores. Es un engaño. Se trata de la misma ley con definiciones sumamente amplias, sin controles de vigilancia, sin transparencia o rendición de cuentas, que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública (en contravención de lo que establece la Constitución), por tiempo indefinido.
México vive una crisis de seguridad y violencia innegable. Esta crisis es producto del abandono, durante años, de las policías y de otras instituciones de seguridad pública. Pero también es el resultado de una estrategia de seguridad que militarizó al país sin un diagnóstico claro, sin una ruta de salida y sin atender los graves problemas de las instituciones de justicia. Hoy muchos gobiernos estatales apoyan esta iniciativa porque les permite postergar la reforma de sus policías y procuradurías, una labor lenta y sin rédito político. Basta con levantar la mano para que las fuerzas armadas asuman la responsabilidad constitucional en la que ellos fallan. Los resultados: aún peores policías, un aparato militar mayor y crecientes cifras de violencia.
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