*La Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky da al presidente de EU poder para decretar prohibiciones de visado o el bloqueo de activos contra cualquier individuo que viole derechos humanos básicos.
Las organizaciones recordaron a Rex Tillerson, Secretario de Estado, y a Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro, que Flores Velázquez fue uno de los comandantes de alto nivel a cargo de los agentes de policía que torturaron y ejecutaron a seis personas, y forzosamente hicieron desaparecer a otros 43 estudiantes en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
«Los estudiantes fueron asesinados en aparente represalia por protestar contra la corrupción por parte de funcionarios locales y estatales», detallaron las organizaciones, quienes también destacaron que todas las fuerzas de seguridad presentes durantes lo hechos, incluyendo aquellas comandadas por Felipe Flores, participaron en actividades ilícitas de una forma que sugiere que tenían un «plan crimina común», de acuerdo con los hallazgos del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).
En la carta enviada a los secretarios estadounidenses, las organizaciones de derechos humanos piden aplicar la llamada Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky, aprobada en 2016.
Ese ley da al presidente de EU poder para decretar prohibiciones de visado o el bloqueo de activos contra cualquier individuo que viole derechos humanos básicos. Esa legislación «es una poderosa herramienta que permite a EU que los abusadores de derechos humanos rindan cuentas cuando sus gobiernos fracasan al hacer eso», afirmó la directora de HRW en Washington, Andrea Prasow.
El 12 de septiembre pasado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y cinco organizaciones de derechos humanos nacionales, mexicanas e internacionales, sostuvieron que México no cumplió los requisitos de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos, por lo que Estados Unidos no debe entregarle esos fondos. Entre los casos en los que no se han registrado avances mencionaron Ayotzinapa y Tlatlaya.
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