El colega Héctor Raúl González, periodista que desarrolla un espléndido trabajo en el estado de Morelos, presentó esta semana los testimonios de dos mujeres a quienes hace algunos años se les negó la posibilidad de recoger los cadáveres de sus respectivos familiares en la Fiscalía del Estado de Morelos. En un caso, se le dijo que no se le podía permitir ver cadáveres para buscar a la persona perdida porque eso, simplemente, «no se hacía…», y en el otro – en el que sí pudo identificar el cuerpo – no se le permitió llevar se el cadáver porque «no tenía papeles». Uno de ellos había muerto atropellado y el otro ejecutado en 2011. Ambos, ahora se sabe, estaban plenamente identificados pero, aun así, no fueron entregados a la familia. Fueron enviados a las fosas de Tetelcingo.
En octubre del año pasado la CNDH – a través de 6 recomendaciones – pidió que se investigara a 42 funcionarios del gobierno de Graco Ramírez por las irregularidades en las fosas de Tetelcingo. No parece haber muchas noticias al respecto. Los testimonios de esta semana no solo estremecen, sino que nos muestran cuan lejos estamos de una elemental justicia en estos y en otros miles de casos. No hay futuro que valga si no ponemos como asunto central los grados de impunidad y corrupción que agobian a México. Tetelcingo es uno de los casos emblema.
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