* Las graves irregularidades que llevarían a invalidar la teoría del caso oficial ahora son consideradas simples faltas administrativas.
Ciudad de México, 13 de febrero de 2017. El nuevo informe de la Procuraduría General de la República (PGR) omitió analizar graves irregularidades cometidas por servidores públicos en el caso Ayotzinapa ya consignadas por un informe previo, con lo cual protege la teoría del caso oficial, denunciaron importantes diarios nacionales e internacionales.
Las irregularidades que el nuevo reporte decidió pasar por alto son fundamentales para la argumentación del caso que ha sostenido la Procuraduría desde que su titular era Jesús Murillo Karam: que los estudiantes habrían sido trasladados al basurero de Cocula, ejecutados por un grupo de tres sicarios, quemados hasta el punto de la incineración en en lugar y sus restos arrojados al río San Juan. Ahí, parte de los restos habrían sido recuperados y uno de ellos habría dado positivo con la identificación de un normalista, una diligencia que ya había sido denunciada como irregular por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
El informe previo de la PGR -que no fue entregado a las familias de los estudiantes desaparecidos en agosto pasado alegando que solamente le faltaba una firma, lo que provocó el rompimiento del diálogo por seis meses- consignaba que las acciones de diversos funcionarios públicos, incluyendo al entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afectaron el derecho a la verdad y la justicia de las familias, y algunas de ellas debían ser investigadas penalmente y derribarían los pilares de la teoría oficial.
Sin embargo, el informe entregado el pasado 9 de febrero a las familias y realizado por una nueva visitadora es muy distinto. De acuerdo con las familias, de 18 irregularidades detectadas en el primer acuerdo se rebajó a la detección de 7 en contra del mismo número de funcionarios, sin que en ningún caso se haya considerado que estas conductas ilegales podrían tener una trascendencia penal cómo lo hacía el anterior proyecto. A diferencia del primer acuerdo, no se consigna que el entonces titular de la AIC realizó diligencias en el basurero sin estar bajo la dirección del Ministerio Público, o que estas acciones vulneraron, entre otros derechos, el derecho a la defensa de Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los principales acusados. De acuerdo con información ofrecida por La Jornada, el documento tampoco se pronuncia sobre la falta de integración en el expediente de todo el acervo probatorio (especialmente fotos y videos), y omite reportar la actuación policial en el Río San Juan, donde se supone que fueron esparcidas las cenizas de los 43 normalistas.
El semanario Proceso abundó que el nuevo documento descarta que hayan sufrido retenciones ilegales y arbitrarias seis personas: Jorge Luis Poblete Acosta, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, cuyas declaraciones son los pilares de la verdad histórica. Tampoco se recomiendan sanciones sobre el daño generado a los familiares de las víctimas luego de que se les impidió conocer información detallada sobre las diligencias de búsqueda practicadas el día 28 de octubre en el río San Juan, expresar sus opiniones ante la autoridad o incluso imponer recurso alguno para impugnar la legalidad de la actuación del titular de la AIC así como la de los peritos allí presentes, quienes incluso descartaron evidencia luego de haber entrado en contacto con ella. Las responsabilidades -administrativas- le fueron trasladadas a un funcionario menor que formaba parte de la comitiva que se trasladó de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al río San Juan y quien en octubre de 2014 era titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículo.
El informe final “es un claro ejemplo de que está cubriendo algo y diluyendo” las responsabilidades de los investigadores, dijo al diario estadounidense The New York Times Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y quien representa legalmente a las familias. “Sentimos que la prioridad del gobierno ya no es encontrar la verdad sobre lo qué pasó con los estudiantes, sino que están más preocupados con esconder las razones detrás de un encubrimiento histórico”, añadió.
Las graves irregularidades fueron descubiertas por el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para supervisar la investigación del caso. Actualmente está en funcionamiento un mecanismo especial del organismo interamericano para los mismos fines.
Al señalar que el próximo 9 de marzo llegarán a un nuevo encuentro con el procurador Cervantes y la visitadora general Adriana Campos, en el que presentarán su propio análisis del dictamen, madres y padres señalaron que no es de su interés la sanción de algún funcionario en particular, sino que por el contrario estiman que el pleno esclarecimiento del paradero de sus hijos, una vez que se demostró que la hipótesis oficial no tiene sustento científico, sólo se alcanzará si los servidores públicos que intervinieron en la confección de dicha hipótesis son debidamente sancionados, en la medida en que ello enviaría un mensaje poderoso de rechazo a quienes ocultaron la verdad. Desde su perspectiva, la parcial resolución de la Visitadora Campos da un mensaje en sentido contrario al convalidar las irregularidades y propiciar la impunidad.