Organismos de defensa y protección del trabajo periodístico como el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, y la Federación Internacional de Periodistas, por mencionar algunos, coinciden en una premisa fatal: México es uno de los países donde mayor riesgo corren los informadores. También concuerdan en que los agresores de los comunicadores tienen dos orígenes: el narcotráfico y el gobierno. Y que arriba del 90 por ciento de los casos de crímenes contra periodistas permanecen en la impunidad.
Desafortunadamente y desde hace décadas, en el Semanario ZETA hemos dado cuenta de ello. En 36 años desde la fundación del semanario, muchos de ellos hemos debido ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión entre dos fuegos. Por un lado las amenazas y las balas de los narcotraficantes, por otro las presiones de los gobiernos.
A la afrenta que hace algunas semanas provino, de acuerdo a protagonistas del episodio, de un funcionario que representa al Gobierno del Estado de Baja California, cuando amedrentó con ataques a la vida privada para contrarrestar la línea crítica que el semanario ha sostenido en investigaciones que detallan actuaciones irregulares de funcionarios diversos, ahora se suma la amenaza vertida por un miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación, para atacar las oficinas del periódico fundado por J. Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda. Narcotráfico y gobierno estatal amedrentando a un medio de comunicación.
El clima de impunidad y la abierta corrupción en el Gobierno y con el narcotráfico, vulnera la libre expresión y ubica a quienes deben ponderar el Estado de Derecho y a quienes lo violentan en el mismo rasero. Así el periodismo se ejerce, en 2016, pese a las presiones de la mafia con fuero y de la mafia callejera que actúa como si lo tuviera.
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