Estamos a unos días de cumplir el décimo aniversario de la llamada “Guerra contra las drogas”, iniciada el 11 de diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. Este triste fecha brinda una oportunidad para reflexionar no sólo sobre lo que ha dejado nuestra guerra, sino también de las alternativas que tenemos para salir de ella.
El saldo es ominoso: más de 200 mil homicidios, más de 26 mil personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares. Hace unos días, UNICEF reportaba la vergonzosa cifra de 6 muertes de menores al día en el país. Los datos son claros, la ruta que emprendió Calderón y que ha continuado el gobierno de Peña Nieto es equivocada. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro. Nuestras policías e instituciones de justicia son más débiles hoy que hace 10 años. La dependencia del Ejército y las Fuerzas Armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.
México es una república civil. Mientras el Ejército esté a cargo de la seguridad pública del país, estaremos viviendo una excepción al régimen constitucional. Cualquier propuesta de regulación del Ejército debe ir orientada a regresarlo a sus cuarteles, responsablemente.
Nadie puede negar la situación extrema en la que se encuentran importantes territorios del país y la necesidad de la intervención de fuerzas federales. Pero los costos de los últimos 10 años debieran convencernos de que más de lo mismo no tendrá otro resultado.
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