Nos encontramos próximos a cumplir diez años de la implementación más cruda de la guerra contra las drogas que ha experimentado nuestro país. Diez años de frías cifras, de dolorosos testimonios, de agraviantes declaraciones de funcionarios públicos, de gritos que exigen verdad y justicia, y de un proceso de profunda normalización del dolor, de la rabia y de la tragedia.
Algunos pasos necesarios, aunque sin duda insuficientes, para poner fin a esta guerra:
- Desmilitarizar las estrategias de seguridad en materia de política de drogas, habiéndose comprobado que la incursión de las fuerzas armadas para enfrentar el problema mundial de las drogas ha tenido un alto costo en los derechos humanos y no ha logrado reducir la oferta de drogas.
- Garantizar que las políticas en materia de drogas y seguridad no consistan en la erosión de los derechos humanos y el debido proceso; y que se haga efectiva la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, incluida la detención para investigar (arraigo), la fabricación de culpables (presentación en medios de comunicación a personas no sentenciadas), los impedimentos de acceso a la justicia y el uso arbitrario de la fuerza.
- Garantizar la efectiva despenalización del consumo y de la posesión simple de drogas e implementar la modificación de la legislación penal para ajustar las penas de manera proporcional particularmente cuando se trata de delitos no violentos relacionados con drogas.
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