Carmen Aristegui está siendo hostigada, perseguida sin tregua. Los acontecimientos desde que presentó el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto han escalado. Han pasado del absurdo al peligro.
Lo que está en juego no es sólo escuchar a Carmen por las mañanas en un espacio noticioso con cobertura nacional (que buena falta hace, por cierto) o un conflicto entre particulares. Lo que está en juego son los derechos y libertades de todos. Son de finiciones entre medios, gobiernos, periodistas y ciudadanía.
En el caso del allanamiento a sus oficinas, el Estado está obligado a actuar. De no hacerlo estaría omitiendo su deber de protección a la libertad de expresión, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de diversos medios indirectos de violación a este principio toral de la vida democrática.
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