El Senado de la República está discutiendo una propuesta de Ley General de Archivos que iba bien hasta que la capturó el equipo de Bucareli. Hay inquietud entre historiadores, politólogos y archivistas. De aprobarse en su estado actual anticipa un retroceso a un oscurantismo que considerábamos superado.
El problema de origen, el huevo de la serpiente, es que la ley sigue dejando en manos de la Secretaría de Gobernación el manejo de los archivos; algo similar ocurre en los estados. Y quienes están a cargo de la gobernación son proclives a controlar lo que la sociedad debe saber. Un problema adicional es la tibieza del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI).
La Ley General de Archivos que discute el Senado va contra las mejores prácticas internacionales.
Por ahora está en manos de los senadores entregarnos una Ley que promueva conocimiento de calidad-, es imperativo que concedan autonomía real al sistema archivístico nacional y protejan los acervos. Una historia escrita sin acceso a las fuentes primarias se convierte en un potaje insípido e ilegible. Inservible.
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