Hace 12 años hubo una gran marcha en contra de la delincuencia. Los medios de entonces reportaron la participación de entre 250 y 300 mil personas que, vestidas de blanco, recorrieron las calles de la Ciudad de México. Protestaban contra los delincuentes pero también contra la falta de acciones del gobierno para atender la inseguridad. Una niña cargaba un letrero con la foto de un hombre joven que decía: “Este es mi papá Juan. Está desaparecido desde 1999”
En respuesta a esa marcha el presidente (entonces Vicente Fox), anunció un plan de 10 puntos para acabar con la inseguridad. Desde entonces han seguido otras marchas de protesta contra el sistema de justicia y nuevos -o viejos- planes gubernamentales de acción. Reforma tras reforma la justicia cambia pero sigue sin funcionar. ¿Por qué? Las razones, sin duda, son muchas, pero una parece ser la falta de compromiso con el cambio.
La transformación de la justicia requiere reformas legales, pero éstas, como las anteriores, quedarán en el papel si no van acompañadas de nuevas prácticas. Mucho estudios muestran que la legitimidad de las instituciones se construye a través de los procesos. Cuando estos son obscuros y no se hacen públicos los razonamientos, deslegitiman y generan desconfianza. Esto incluye los procesos de designación de los funcionarios. El nombramiento del primer Fiscal General, y no sólo la persona, debe dar a esa institución el prestigio del que hoy carece la justicia. Usar de inicio procesos añejos implica cambiar todo para que quede igual.
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