Cuando se asesina a un periodista se mata la verdad de su investigación, de su palabra; luego, la verdad de su muerte y; finalmente, en muchas ocasiones, la de aquellos que a través de él o ella aprendieron la lección. La impunidad mata una y otra vez, así se convierte en una forma perpetua de agredir.
La impunidad en los crímenes contra periodistas es una constante en el mundo, de 800 asesinados en la última década, solamente en el 10% de los casos existe una condena[1]. En México, del total de las agresiones a periodistas que han sido investigadas por la Procuraduría General de la República desde 2010 (alrededor de 798 averiguaciones previas), solamente existen condenas en dos casos, el .25 por ciento[2].
La organización Reporteros sin Fronteras publicó en su lista de “Depredadores de la Prensa” a los Zetas, sin embargo, valdría la pena señalar que si bien es cierto que los grupos criminales intensifican la violencia, no son los mayores agresores. ARTICLE 19 ha documentado que en los últimos 7 años, los mayores perpetradores de las agresiones contra la prensa son los agentes de estado (49.7%). De ahí que sea conveniente para el gobierno replicar esta teoría y responsabilizar al crimen organizado de las agresiones –como lo hizo el Presidente Enrique Peña Nieto en la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa- y que sea cada vez más complicado hablar de justicia y verdad para las y los periodistas. Consignar a los agentes del Estado significa rendir cuentas sobre la responsabilidad de violentar derechos humanos y este no ha sido, ni es capaz de hacerlo.
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