El pasado 3 de octubre el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y el Colectivo de Semillas Nativas Much Kanan I’inaj, provenientes de Quintana Roo y acompañados de las organizaciones Educación, Cultura y Ecología, Grain, la Red en Defensa del Maíz, la ANAA y la UCCS, dieron cuenta de la situación en la que se encuentra el juicio de amparo promovido contra el permiso otorgado por el gobierno a la empresa Monsanto para la siembra de soya transgénica por tiempo indefinido en el territorio de la Península de Yucatán, pero también en zonas de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, en un total de 253 mil 500 hectáreas. Los campesinos mayas expusieron algunas de las afectaciones ocasionadas por el modelo agrícola denunciado: el despojo de la tierra y las semillas nativas, la contaminación del suelo y del agua, la pérdida de biodiversidad y la aniquilación de la milpa. Asimismo, se refirieron a los daños potenciales a la salud por el uso del herbicida glifosato.
La exigencia principal es la anulación del permiso, puesto que los quejosos consideran que fue otorgado con fundamento en una norma inconstitucional (la fracción tres del artículo 61 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Lbogm) –popularmente conocida como ley Monsanto– que contradice la fracción uno del mismo artículo, así como la fracción cuatro del artículo 9 de la propia Lbogm, además de que vuelve inaplicable el principio precautorio previsto en el derecho internacional). Asimismo, contiene vicios de procedimiento imperfectibles (la omisión de consultar previamente a las comunidades indígenas afectadas), o cuya corrección debiera desembocar en la anulación del acto de autoridad (reconocimiento del carácter vinculante de las opiniones técnicas desfavorables de la Conabio, la Conanp y el INE).
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