Como hace más de tres años, hoy nuevamente está en proceso una reforma a la Ley General de Víctimas, y por ello me surgen otra vez algunas preguntas al respecto. Nuestras legisladoras y legisladores, ¿han escuchado lo que realmente necesitan las víctimas? ¿Cómo se acercan las y los políticos al sufrimiento de una joven secuestrada y mutilada? ¿Desde cuándo sufren la pena de ver a un hijo acribillado? ¿Cuándo han abrazado a una madre en el momento exacto en que le avisan que su hija fue asesinada el mismo día que dejó de verla? ¿Cómo aprenden el lenguaje del dolor?
Los colectivos de víctimas y las organizaciones que las acompañamos empezamos desde hace meses a trabajar un conjunto de reformas a varias leyes de aplicación nacional, con el fin de no dejar al arbitrio del Congreso federal o de los congresos locales la regulación de todas y cada una de las acciones institucionales que una víctima de secuestro, desaparición, tortura, lesiones, desplazamiento, feminicidio, violencia sexual, trata, homicidio doloso o ejecución arbitraria requiere al llegar a una dependencia federal o estatal, más allá de las fracasadas comisiones de víctimas, las cuales, por cierto, no son sólo aquellas personas que han sufrido la anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos, como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición de un familiar o allegado, sino desde luego la persona directamente afectada.
Esta iniciativa, que, como se ha dicho, propone reformar 23 leyes, es la primera miscelánea legislativa que se presenta para proteger los derechos y la dignidad de las personas, en este caso las víctimas. Esperamos que haya sensibilidad en las y los legisladores para analizarla y aprobarla. Queremos pensar que han aprendido a escuchar el lenguaje del dolor, y que saben que el fin de la violencia y la recuperación de la paz en nuestro país sólo puede construirse con las víctimas. Queda pendiente, desde luego, la aprobación, de conformidad con los estándares internacionales, de una ley general contra la desaparición forzada y la desaparición de personas cometida por particulares, apremiada reiteradamente al país desde hace algún tiempo por distintos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.
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