De las muchas aristas de la tragedia de Iguala, hoy resalta, en primer lugar, la dificultad de entender la lógica de esa violencia bárbara: ¿Qué intereses requerían de la eliminación en masa del grupo de estudiantes?
Hasta hoy, esas son preguntas sin respuesta, pero lo que queda claro es que fue tal el sentido de impunidad adquirido por el crimen organizado de Guerrero que simplemente se desentendió de los efectos que su acción pudiera tener sobre el gobierno federal o sobre la sociedad nacional e internacional; su capacidad de desprecio por ambos resulta asombrosa.
Y aquí surge otra cuestión: ¿Quién controla Iguala y Guerrero? ¿Cuál es la naturaleza de la convivencia cotidiana en esa región entre el crimen organizado y las instituciones federales? ¿Quién controla qué, a quién, cómo, para qué y hasta qué punto?
La incapacidad sistemática a lo largo de dos años de un Estado supuestamente moderno como el mexicano para dar una respuesta creíble a la desaparición de los jóvenes estudiantes, y actuar en consecuencia, ha tenido un costo enorme para la administración de Enrique Peña Nieto. Por tanto, surge la pregunta: ¿Esa incapacidad es mera incompetencia o producto del tipo de relación encubierta con las organizaciones criminales o una mezcla de ambos factores? Cualquier respuesta es inaceptable.
Hay muchos más elementos a considerar, pero es imposible cerrar estas notas sin subrayar dos. Por un lado, el papel jugado por el factor externo como una de las garrochas que ha puyado a la poco sensible burocracia federal para obligarla a ir más allá de su cómoda «verdad histórica inicial». Una segunda consideración: cooptación y represión ha sido la fórmula básica de los gobiernos priistas para acabar con las movilizaciones desde abajo que pretenden cuestionar su autoridad. Sin embargo, esta vez, la fórmula falló. La organización formada por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, y pese a provenir de uno de los estratos más pobres de la sociedad, se resistió a ser cooptada o neutralizada mediante amenazas. Su independencia y resistencia le permitió desoír el llamado presidencial a «superar» el incidente. La persistencia de los familiares y sus apoyos nacionales y externos a la exigencia de una respuesta a la altura del reclamo es el punto brillante en el obscuro panorama de la tragedia.
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