En muchos estados el presupuesto destinado a los organismos garantes de la transparencia es tan reducido que éstos se mantienen con la estructura mínima y desempeñando limitadas funciones. Ejemplo de ello es el presupuesto para 2016 del organismo garante de Baja California Sur el cual es de menos de 7 millones de pesos; cantidad que, de repetirse para el siguiente año, no permitirá que cumpla con las funciones mínimas contenidas en su ley de transparencia.
Como este estado encontramos otros, en donde esperamos que los congresos locales comprendan la gravedad del asunto y refrenden su compromiso con la transparencia con asignaciones presupuestales adecuadas para los garantes del DAI. De no garantizar un presupuesto adecuado para cumplir con las disposiciones de la ley, tendremos un 2017 lleno de frustraciones por la dificultad de implementar las leyes recién reformadas. (Animal Político)