La reciente visita del Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo, dado el contexto de conflictos y violaciones a derechos humanos en los que están implicadas las grandes empresas, una característica importante: las comunidades, pueblos indígenas y campesinos, barrios y habitantes de las ciudades demostraron que su fortaleza más sólida radica en su resistencia y organización para defender sus territorios y los bienes comunes; en exigir y ejercer directamente sus derechos, usando los medios a su alcance para denunciar y defenderse de los despojos y agravios que padecen. Muestra de ello fueron los 81 testimonios que se compartieron en las reuniones con los representantes de la ONU, todos relacionados con prácticas de corrupción para imponer megaproyectos, y con la validación de reglas de comercio e inversión que protegen a estas corporaciones.
Es importante reconocer la visita que hizo el Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos, pues señaló puntos que vale la pena considerar. Sin embargo, debemos también ser muy claros en reconocer que el Estado, insisto, ha estado siendo refuncionalizado para garantizar no los derechos humanos, sino los derechos mercantiles, financieros y de propiedad privada de las grandes empresas y las corporaciones multinacionales. Cosa paradójica, ya que aparentemente existe la buena voluntad de las empresas y el Estado para remediar la situación de crisis que se han provocado con los megaproyectos, y no vemos del todo claro cómo efectivamente podrían garantizar su no repetición cuando casos como las reformas estructurales, la negociación de tratados comerciales y la subordinación del propio Estado ante las exigencias de las empresas configuran sin duda lo que ahora llamamos refuncionalización del Estado y desvío de poder en favor de los intereses empresariales. El Estado se devela como el ejecutor administrativo de los grandes capitales transnacionales, pero también como el brazo armado que controla a la población que disiente y se organiza frente al poder corporativo. Ese es el reto. (La Jornada)