En la tarde del 8 de junio de 2011, Verónica Razo salió de su casa en el Centro de la Ciudad de México para ir a recoger a su hija a la escuela. En el camino, un grupo de hombres armados la secuestraron violentamente y la llevaron a una casa de seguridad donde la retuvieron 24 horas. En ese tiempo, Verónica fue golpeada, sometida a asfixia/choques eléctricos y violada en repetidas ocasiones. La mujer colapsó y tuvo que ser llevada a un hospital donde fue atendida durante tres días (problemas cardíacos y respiratorios).
Este caso es un excelente ejemplo de un Estado que no quiere hacer nada para arreglar los errores -aún los más graves: 1) la Unidad Especializada sobre la Investigación de Tortura -PGR- inició una investigación pero hasta el día de hoy no hay nadie detenido (5 años); 2) la Comisión Nacional de Derechos Humanos -CNDH- cerró la investigación de la queja (aunque la reabrió hace poco); 3) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), a pesar de haber instalado un Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual precisamente por este caso (y otros dos parecidos: Yecenia Armenta -Sinaloa- y Cristal Piña -Chihuahua) el 9 de septiembre pasado, un año después todavía no ha emitido ningún dictamen.
A pesar de ser un mecanismo único en el mundo creado a instancias de la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , de la campaña «Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual» y de estar integrado por pesos pesados del Estado: CNDH, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Subsecretaría de derechos humanos (Segob), Subprocuraduría de derechos humanos (Fevimtra), Secretaría de Relaciones Exteriores (DGDH-SRE) y la propia Conavim, no ha movido un pelo por este asunto desde su conformación mostrando una lentitud rayana en el desinterés.
En pocos días, se cumple un año y está prevista una reunión del Mecanismo. Ojalá que esta vez logren hacer algo, no solo por las víctimas sino también para mandar un mensaje claro a las instituciones de seguridad: no se puede secuestrar a una persona, torturarla y violarla como si la Policía fuera un cártel más y esta democracia, una vulgar dictadura bananera. (Reforma)