Diversas voces desde la sociedad civil mexicana, principalmente de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de comunidades afectadas por megaproyectos, han manifestado su preocupación por la manera en que ciertas prácticas laborales y emprendimientos lucrativos afectan las garantías y el bienestar de los trabajadores y las comunidades a las que dicen beneficiar. En muchos de estos casos, hay una clara colusión entre autoridades gubernamentales e inversionistas que vulnera los derechos de las poblaciones para favorecer los intereses económicos, justamente en sentido contrario de lo que los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos promueven.
Aunada a esta vulneración del derecho a un medio ambiente sano, la actividad empresarial también despoja a las comunidades de su derecho a decidir sobre su territorio. Esto puede ser por la imposición, sin mecanismos de consulta previa, libre e informada, de megaproyectos que modifiquen la dinámica en la que las comunidades disfrutaban de sus paisajes y bienes naturales. Una presa hidroeléctrica, un parque eólico, o el trazo de una carretera pueden alterar de modo irreversible el modo de vida de las comunidades. Otra manera puede ser el agotamiento de pozos y fuentes de agua, ya que la sobredemanda de las actividades industriales puede llegar a privar de ésta a los usuarios domésticos.
Estemos pendientes de la visita del grupo de Naciones Unidas y su agenda de trabajo, pues si bien muchas veces el gobierno se hace de oídos sordos, los pronunciamientos de organismos internacionales son relevantes para respaldar las causas que impulsan los derechos humanos y la sustentabilidad. El sitio de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México es este, y el foro de la misma instancia para empresas y derechos humanos puede consultarse aquí. (Animal Político)