Hablamos cotidianamente de la debilidad del Estado mexicano. Lo describimos pobre, frágil, a veces lo pintamos inerme frente a sus enemigos. Tengo la impresión de que esa imagen nos aparta de lo importante. Tal vez sea un error concentrarnos en esa supuesta debilidad. No lo digo para hablar de su corpulencia sino porque creo que desvía la atención de lo crucial. El problema fundamental del Estado mexicano no es tanto su raquitismo, su impotencia, sino su carácter salvaje, indómito. El Estado mexicano puede ser capaz de imponerse pero no parece capaz de imponerse legalmente. Al intervenir en el conflicto, no despliega la racionalidad impersonal de las reglas sino que exhibe, con frecuencia, una ferocidad tan arbitraria como la del delito. La lista de abusos es larguísima. La recomendación reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo pinta con todos sus colores: ante la provocación del crimen, el Estado mexicano comete excesos imperdonables. En lugar de actuar para someter a proceso a los sospechosos, procede a la aniquilación del enemigo. En lugar de liberar una carretera del secuestro, incendia el conflicto con asesinatos. Tal parece que la voluntad de ley, la determinación de aplicar el derecho, no tiene más remedio en nuestro país que recurrir a un aparato silvestre que no acata las normas de las que depende su autoridad. Para los propios depositarios del poder público, el Estado mexicano es una bestia ingobernable.