Ante la constante repetición de actuaciones fallidas de la policía y los fuertes cuestionamientos respecto del uso de la fuerza, queda claro, al menos para algunas instancias internacionales, que México presenta un latente rezago en materia jurídica respecto al uso de la fuerza, evidenciado por ejemplo en la Recomendación: B. 81 realizada por la Organización de las Naciones Unidas en su Informe de la visita realizada en México en el 2013 por el relator experto Christof Heyns, donde se menciona: Respecto al marco normativo. Inciso g) Legislar el uso de la fuerza en conformidad con principios internacionales, capacitar a los operadores de seguridad respecto a estos estándares e investigar y sancionar las instancias de uso excesivo de la fuerza.
El gobierno mexicano ha alegado frente a esta recomendación que existen acuerdos ya establecidos. Si bien es cierto que estos acuerdos denotan características y lineamientos para el uso de la fuerza, han resultado insuficientes ante el papel preponderante que ha jugado la policía en los últimos años, sobre todo durante las protestas sociales. El creciente número de denuncias y cifras negras sobre el abuso de la fuerza, además de la repetición compulsiva de sucesos de actuación violenta en diferentes estados de la República son síntoma inequívoco de que algo no está funcionando o no está siendo aplicando adecuadamente a nivel nacional.
Resulta urgente una legislación general federal que regule esta materia en conformidad con estándares internacionales adecuados al contexto nacional y dos, la inminente y apremiante responsabilidad de dotar a cada sujeto de las fuerzas policiales con las capacidades y adiestramiento adecuadas para llevar a buen término la correcta aplicación de la ley, fomentando siempre y como principio básico el respeto a los derechos humanos. (Animal Político)