* En Guerrero la postura férrea no es contra los grupos de la delincuencia organizada sino contra el magisterio disidente.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 18 de julio de 2016. A casi 9 meses que Héctor Astudillo tomó posesión como nuevo gobernador, la inseguridad y la violencia siguen desbocadas. No hay tregua ni contención de la violencia, por el contario, se está expandiendo en lugares concurridos. Los ataques ya no solo son entre los grupos rivales y contra la población civil, sino contra funcionarios públicos y policías. Chilapa es una muestra viva de la escalada delincuencial y del clima de terror que enfrentan las familias de varios municipios del estado.
Este indicador nos dice cómo han impactado los operativos realizados por el ejército y la policía federal durante este corto período. La población no ve resultados tangibles, ha constatado que son más mediáticos y que están hechos para salir al paso ante las emergencias. No hay un plan diseñado con información de campo ni con el aporte de la población que es víctima de la violencia, por lo mismo los operativos no son eficaces porque no responden a la realidad que enfrentan. Persiste la imposición de una estrategia elaborada en el escritorio por los altos mandos. A pesar de lo aparatoso de su equipamiento y de sus espectaculares recorridos por la costera y la autopista, su estrategia guerrerista mantiene intacta el entramado delincuencial que existe en las regiones del estado y que permite a las organizaciones criminales mantenerse en los lugares un poco agazapados, para maniobrar a su modo con sus actividades delincuenciales.
La presencia de más efectivos militares y policías no ha bajado el índice delincuencial, se mantiene al alta, tampoco ha inhibido la producción y trasiego de la droga. El estado está copado y las autoridades no saben qué hacer. Ahora se han apropiado del planteamiento de la legalización de la amapola, sin dimensionar el tamaño de un problema atravesado por la violencia, la desigualdad, la corrupción, la debilidad de las instituciones y la ausencia de políticas públicas orientadas a incentivar la producción de básicos.
El movimiento de víctimas de la violencia está siendo cada vez más visible por la ineficacia del gobierno, pero sobre todo por no colocarlos en el centro de la acción contra la violencia y la impunidad. La centralidad de las víctimas es clave para cualquier gobierno que se quiera tomar en serio el tema de los desaparecidos y asesinados.
Las autoridades del estado no han diseñado una política centrada en las víctimas que realmente brinde el apoyo y la protección. Estamos lejos de que les faciliten los recursos básicos que requieren para continuar en su lucha y respeten su proceso organizativo. Los que han asumido la riesgosa tarea de ser representantes o voceros de las víctimas, el gobierno tiene la gran responsabilidad de velar por su seguridad, de otorgar medidas de protección para que realicen sus actividades sin menos cabo de sufrir una amenaza o agresión. Ante la falta de reconocimiento a esta heroica labor, varios familiares que han asumido un liderazgo porque han tomado muy en serio la causa de buscar a sus hijos, hijas, hermanos o hermanas, han tenido que salir del estado o se han visto obligados a replegarse y limitar sus actividades de búsqueda otros más han desistido en seguir en la lucha. Las autoridades no se están haciendo responsables de velar por los representantes de las víctimas, se ha desentendido y no quiere comprender que tiene la obligación de atender sus situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias para protegerlos, mandando un mensaje a los agresores que no están solos y que cuentan con el respaldo de las instituciones gubernamentales. La conformación de varios grupos de familiares de desaparecidos en Iguala, Chilapa, Acapulco hacen visible una problemática que no está siendo atendida por las autoridades. Este déficit de verdad y de justicia es el que venimos arrastrando desde la guerra sucia y se mantiene hasta la fecha el mismo patrón de violencia e impunidad.
La declaración pública de empresarios y ganaderos que están decididos a armarse para hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada es otro elemento que manifiesta el malestar y la desesperación de buena parte de la población. Estas posturas que de algún modo están avaladas por autoridades municipales y por el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles, al comentar que no es algo que deba “espantar” el hecho de que algunos empresarios y ganaderos tengan la intención de armarse. Esa posición impropia del Presidente del Tribunal está acorde con el comentario del gobernador Astudillo quien planteó este sábado en su visita a Tlacotepec de que hay que dejar “que lo ilícito transite a lo lícito” con relación a la siembra de enervantes. Entonces hay que dejar que la gente compre su arma para defenderse y siembre enervantes para resolver el problema de la pobreza en el campo. Para qué quebrarse la cabeza de hacer valer la ley donde se ha perdido el control de la seguridad y donde la violencia se enseñorea en varias regiones. Es más fácil que se armen y se hagan justicia por mano propia a que las autoridades encargadas de brindar seguridad e investigar los delitos hagan su trabajo.
Lo contrastante del gobernador Astudillo es su postura ante los despidos de 951 maestros que anunció el secretario de educación en el estado. El asunto de las bajas es un asunto de “atención a la ley”,” es el paso que contempla la ley”. Para los actores incómodos no hay cabida para la negociación política ante un conflicto de índole social y laboral, sino la aplicación de la ley a secas. Mientras la pérdida de control y rumbo nos ha llevado al desfiladero de la muerte, ante la incapacidad de hacer frente a la violencia, la postura férrea no es contra los grupos de la delincuencia organizada sino contra el magisterio disidente. Con una postura dura se quiere medio enderezar el barco que se hunde por otro lado.
*Versión resumida de un artículo de Tlachinollan. Para leer la versión completa, de click aquí.