México está considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo desde hace varios años. Por su lado, quienes defienden los derechos humanos enfrentan el cuestionamiento y la difamación. Frente al creciente riesgo, ambos grupos han exigido al Estado cumplir con su obligación de protegerlos.
La respuesta del gobierno mexicano fue adoptar la Ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que prevé la creación de un mecanismo de protección para ambos colectivos. El 25 de junio de 2012 la ley se publicó, es decir, hace cuatro años.
Sin embargo, hasta el primero de noviembre de 2012 se instaló y comenzó a trabajar. Durante los primeros meses, contó con un equipo mínimo: sin experiencia para determinar el riesgo que una persona corre a causa de ejercer el periodismo o defender los derechos humanos; sin tener claro qué tipo de medidas podrían ser adecuadas para protegerlos.
Tras 18 meses, el mecanismo probó ser un desastre. Al menos cien casos esperaban el análisis de riesgo y la determinación de medidas protectoras. Faltaban una metodología precisa, recursos económicos necesarios para implementar disposiciones. La crisis llegó a su punto más álgido el 23 de marzo de 2014: defensores y periodistas integrantes del consejo suspendieron su participación hasta que la situación tuviera remedio. (Animal Político)