El Juez primero en materia administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, en diciembre de 2015 ordenó al Instituto Nacional de Transparencia revocar su resolución que solapaba la opacidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, ordenando la publicidad de la averiguación penal militar y el acceso a la misma para periodistas de Aristegui Noticias.
Recientemente el Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia dio reversa a la decisión, fallando a favor de las revisiones interpuestas por la Sedena y la PGR –y originalmente la del Instituto Nacional de Transparencia, que luego se retiró–. Producto de la inventiva de la magistrada Rosas que redactó la sentencia, el Tribunal duda de la gravedad de los hechos, muy a pesar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y otros mecanismos del Sistema de Naciones Unidas la han comprobado ya. Incluso llega a negar que la CNDH pueda determinar la comisión de graves violaciones, alegando que sólo está facultada para investigarlas y no para concluir si se constituyen o no.
La decisión del tribunal, además de adolecer seriamente de hechos y derecho, pone en una seria encrucijada la búsqueda de verdad. Al estancamiento político y técnico demostrado por los sistemas de justicia civil y militar para procesar penalmente a los alegados responsables y sostener una mínima narrativa procesal, se suma la imposibilidad de que, por ahora, ejercicios de investigación ajenos al sistema penal arrojen luces sobre los sucesos y las responsabilidades.
Tlatlaya es un testimonio claro y vivo de la necesidad que tenemos de romper definitivamente el monopolio de la información que mantienen las autoridades de seguridad y justicia. La masacre y sus víctimas tienen su justa dimensión gracias a los periodistas que nos llevaron a repensar la argucia de los gobiernos mexiquense y federal. Si fuese por estos últimos, simplemente sería otro más en los miles de enfrentamientos durante la administración de Peña Nieto; otro más en los que se pretendía normalizar que la pericia y profesionalización del Ejército multiplica exponencialmente muertos sobre heridos, como insiste Cienfuegos.
La decisión de los magistrados aleja al Ejército y a la jurisdicción militar de los controles democráticos y facilita que la administración federal se “resista obstinadamente” a rendir cuentas. En adelante, la grieta de información que cerró el Tribunal y sus perjudiciales efectos deben servir como un recordatorio constante para el INAI y el Poder Judicial: el Ejército no es ajeno a la democracia ni al Estado de derecho, y por tanto no es intocable para ustedes. (Aristegui Noticias)