En toda investigación hay escollos. El primero grave surgió cuando el GIEI cuestionó la verdad histórica del anterior procurador con respecto al basurero de Cocula. Para despejar dudas, PGR y GIEI acordaron realizar un peritaje cuyos términos fueron de nuevo plasmados en blanco y negro y firmados por las partes. Cuatro son los puntos relevantes de ese documento: 1) el grupo de peritos en mecánica de fuegos quedaría integrado por seis expertos, tres propuestos por la PGR y tres por el GIEI; 2) el reporte producido tendría que reflejar las opiniones por consenso. Es decir, que los seis peritos quedaron obligados al acuerdo en los contenidos o en caso de diferencia debían expresar sus votos particulares; 3) el reporte sería confidencial hasta que PGR y GIEI decidieran juntos la ruta de comunicación, y 4) los familiares de las víctimas conocerían el con tenido del reporte antes de su difusión.
La confianza permaneció intacta entre los actores hasta el día anterior, en que de manera unilateral funcionarios de la PGR traicionaron las cláusulas de dos convenios distintos. Alguien por encima de la procuradora Arely Gómez decidió que ya era tiempo de reventar esa confianza. Instruyó para que se quebrara el pacto de confidencialidad para que la información fuese dada a conocer sin consenso de los peritos, sin la participación del GIEI y sin haber avisado a los familiares de las víctimas. ¿Qué ganancia se obtuvo? Incendiar la credibilidad de los involucradas en el acuerdo, sobre todo de aquellos sinceramente empeñados en combatir la impunidad de la tragedia. Sin duda el daño mayor es para las instituciones del Estado mexicano.
No propongo aquí que este atropello haya sido instruido por el presidente Enrique Peña Nieto, pero tengo la sospecha fundada de que detrás se halla el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes. Es un hombre ambicioso que quiere ocupar el lugar de la procuradora Arely Gómez, y para lograrlo está dispuesto a todo, inclusive a despedazar la reputación del país. (El Universal)