Esta semana la Suprema Corte de Justicia discutirá en su pleno un asunto de la mayor trascendencia para el futuro de las libertades y el derecho a la protesta social en México. Los ministros definirán si el artículo 287 del Código Penal del desaparecido Distrito Federal es constitucional, al castigar con cárcel, de 6 meses a dos años, un «ultraje a la autoridad» y si no afecta la libre expresión y el derecho de crítica y protesta de los ciudadanos.
Con el análisis de dos amparos de ciudadanos que participaron en manifestaciones y protestas del 2 de octubre de 2013 y que fueron encarcelados con base en ese artículo y acusados del delito de «ultraje a la autoridad», el pleno de la Corte va a debatir con base en dos proyectos opuestos de resolución sobre la constitucionalidad del mencionado artículo 287. El primer proyecto es del ministro José Ramón Cossío, que propone declarar inconstitucional ese artículo porque «impone a todos una limitación al derecho de expresarse libremente», mientras que el segundo proyecto es del ministro Jorge Pardo Mario Rebolledo y, contrario al de Cossío, propone que el delito es constitucional porque «la protección del orden público debe limitar la libre expresión».
Veremos en qué sentido vota la mayoría de los ministros y si el «ultraje a la autoridad» permanece como delito en el Código Penal del DF o si es eliminado por inconstitucional, lo que sentaría un precedente a nivel nacional en uno u otro sentido. ¿Qué protegerá la Corte: la libertad de expresión de los ciudadanos o la defensa de la autoridad? (El Universal)