¿Cuántos como él seguirán siendo víctimas de ejecución extrajudicial cometida por el Ejército mexicano? Ni su caso ni su nombre merecen seguir enterrados, aunque los soldados así lo hayan pretendido.
Esta vez se trata de un funcionario ejemplar del Estado mexicano: Jorge Antonio Parral Rabadán, quien hasta el 26 de abril de 2010 fuera administrador del puente internacional de Camargo, en Tamaulipas.
Este, como miles de casos parecidos, despierta hoy en México preguntas insoportables:
¿Por qué Capufe no fue capaz proteger la seguridad, la vida, y luego el honor de uno de sus funcionarios? ¿Quién filtró al comando criminal la solicitud de ayuda que hizo Jorge Parral? ¿Quiénes secuestraron realmente al administrador? ¿Cuál fue la razón por la que el Ejército ingresó al rancho El Puerto? ¿Por qué los soldados entraron “disparando a lo loco”? ¿Quién ordenó ejecutar a Jorge Parral Rabadán? ¿Por qué se le confundió con un sicario?
¿Por qué se cavó una fosa? ¿Por qué no se determinaron las identidades de las personas muertas? ¿Por qué no hubo notas de prensa sobre esta tragedia antes de octubre de 2015, cuando el reportero Daniel Hernández publicó su texto? ¿Es cierto, como afirma la familia Parral, que recibieron visita de mandos militares para ofrecer dinero a cambio de silencio?
ZOOM: Tlatlaya, Iguala, Tanhuato y ahora El Puerto, Nuevo León, ¿cuántos episodios más serán necesarios antes de que el Ejército mexicano decida emprender una reforma de fondo a sus normas y sus instituciones? Como bien aprendieron con dolor los familiares de Jorge Antonio Parral Rabadán, la realidad no puede enterrarse para siempre. (El Universal)