Así como la PGR procedió en contra del ex subsecretario Arturo Escobar, ¿será capaz de hacerlo ahora contra uno de los suyos?
Observado por millones de testigos, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), podría haber cometido un crimen muy serio.
El artículo 225 (fracción 8ª) del Código Penal Federal castiga con penas que van de los tres a los ocho años a los servidores públicos que hayan cometido delitos en contra de la administración de justicia; un ilícito que se define como el acto de “retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia” las tareas relacionadas con la procuración de la justicia.
Si a lo anterior se añade la comisión de arbitrariedades tales como “obligar al inculpado a declarar, usando incomunicación, intimidación o tortura” (fracción 12ª) la pena sobre el funcionario se endurece considerablemente.
Todavía en septiembre de este año Tomás Zerón afirmó que eran contundentes los peritajes sobre la investigación relacionada con los normalistas de Ayotzinapa, puntualmente aquellos vinculados al lugar donde habría ocurrido la presunta incineración de sus cadáveres.
ZOOM: La fiscal Arely Gómez tiene la encomienda de fundar una nueva procuraduría para la República. Su misión más importante es demostrar que la oficina donde despacha dejará de ser un instrumento de la política para serlo de la justicia. El caso de los normalistas desaparecidos merecería una administración de justicia donde nadie pueda estar por encima del artículo 225 del Código Penal Federal. (El Universal)