Esta semana se conmemora el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, que nos permite de nuevo recordar las horríficas cifras de la impunidad que reina en el país.
El organismo también reveló que el estado de Veracruz es el más peligroso para ejercer el periodismo, seguido por Chihuahua, con nueve casos; ocho casos en Oaxaca, siete en Guerrero; Tamaulipas registra seis; cuatro casos en Sinaloa y Michoacán, los estados de Coahuila y Durango con tres, el Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León y Sonora con dos y Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Zacatecas con uno.
En cualquier otro país, las extraordinarias presiones y señalamientos internacionales sobre el asesinato de periodistas moverían a un gobierno a tomar pasos extraordinarios. Pero en el caso de México simple y llanamente el gobierno no puede o no quiere resolver los asesinatos de periodistas en el país. ¿Será por la participación de las autoridades en estos asesinatos? Según el director de Artículo 19 en México, Gabriel Sosa, en 2014 el 48 por ciento de ataques contra periodistas fueron llevados a cabo por autoridades. ¿O será la percepción de que algunos periodistas asesinados tenían vínculos con los grupos del crimen organizado? O simple y llanamente el manejo de los casos de los periodistas asesinados refleja la incapacidad o indolencia del gobierno federal y estatal de todas las víctimas del crimen en este país. (El Financiero)