En su conferencia de prensa, el alto comisionado aludió a un aspecto que en el último año ha cobrado renovada vigencia: el incremento de los cuestionamientos que desde el gobierno federal y algunos sectores de la opinión pública se lanzan en contra del trabajo independiente de defensa y promoción de los derechos humanos. El mensaje de Al Hussein fue contundente: “en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje […] ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos”.
De esta manera el alto comisionado puso el dedo en una llaga abierta. Y es que a nadie escapa que el discurso gubernamental –y de ciertos generadores de opinión pública– se ha venido endureciendo frente al escrutinio independiente en materia de derechos humanos, provenga éste de organismos internacionales o de organismos civiles. Respecto de los organismos internacionales, esta tendencia comenzó con la descalificación a Juan Méndez, relator para la Tortura de la ONU, a quien el gobierno federal respondió con virulencia a sus fundadas observaciones.
Esta semana, por ejemplo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional reiteró su negativa a permitir que entreviste a militares que presenciaron hechos relevantes el 26 de septiembre, aduciendo una cuestionable decisión personalísima, inaceptable para quien está llamado a encabezar una institución con base en la ley y no en posiciones subjetivas. (La jornada)