* Una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional; indicación pública de que el caso sigue abierto y respeto a las víctimas, entre los puntos.
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2015. Con la demanda de que como máximo jefe del Estado mexicano, Enrique Peña Nieto se comprometa a estar de lado de la verdad y no de la mentira, y que el GIEI continúe su labor hasta que haya justicia y verdad, las familias de los normalistas y estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” presentaron al presidente de la República ocho exigencias esenciales y ratificaron que ratificaron que deben ser cumplidas las principales recomendaciones del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes: un replanteamiento general de la investigación y el mantenimiento de los procesos de búsqueda.
«No confiamos en sus instituciones y en su gobierno, que dolosamente buscaron engañarnos, pero el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle una vez más que los encuentre ya», aclararon en el documento.
Una de las ocho exigencias esenciales sostenidas por los familiares fue el replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están los estudiantes y otra que investigue el montaje con el que se pretendió engañar a las familias. Señalaron particularmente las responsabilidades del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del exprocurador de Guerrero, Iñaky Blanco; del exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam; del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; y de la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría General de la República, Sara Mónica Medina Alegría.
«Fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, el que permitió que la narcopolítica se afincara en Guerrero, el que generó una mentira histórica que hoy ha sido evidenciada, el que nos torturó al privilegiar los tiempos políticos antes que los derechos de las víctimas», recalcaron las familias.
En el documento entregado a la Presidencia de la República, los familiares de los 46 normalistas exigieron al presidente el reconocimiento de la legitimidad de su búsqueda de justicia y la ratificación pública de que el caso se encuentra abierto; la permanencia del GIEI, la aceptación plena (no sólo el análisis) del informe de este grupo y sus recomendaciones, y que el mandato del GIEI se prorrogue un año, “el tiempo suficiente para que los expertos verifiquen la implementación de sus recomendaciones”.
Padres y madres también exigieron el relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología, bajo la conducción de una unidad especial de investigación y con base en análisis de inteligencia. Sostuvieron que sigue siendo un pendiente la atención digna e inmediata a los heridos y familiares de los normalistas ejecutados extrajudicialmente, así como el trato digno a las víctimas, pues se siguen privilegiando los tiempos políticos antes que sus derechos. Relacionado con ello, exigieron mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos y a su privacidad.
Los familiares también consideraron esencial que desde la presidencia haya un reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México, pero bajo la consulta a los familiares de víctimas. Además, insistieron en que en su próxima visita a Naciones Unidas, el presidente Peña Nieto requiera formalmente la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México.
En su próximo discurso ante la ONU, pidieron las familias, el presidente debe reconocer la legitimidad de su lucha, la convicción del Estado mexicano para acatar el Informe presentado por el GIEI y su disposición para profundizar la cooperación internacional en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Entre el pliego de exigencias se encuentra también el respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas.
Las y los familiares insistieron en que los compromisos que firmó el presidente durante su primer encuentro, hace ya once meses, no fueron cumplidos a cabalidad, y le recordaron su indiferencia durante las primeras semanas de la tragedia. «Esa negligencia marca de manera indeleble la investigación y compromete la responsabilidad de su Gobierno», advirtieron.
Mientras no haya verdad, señalaron los familiares, “nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se asociará el de Ayotzinapa como símbolo de la impunidad y la corrupción que reina en el país”.