* Los padres y las madres de Ayotzinapa llegan de nuevo a Los Pinos con la verdad aún por esclarecerse.
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2015. Los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, después de escuchar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), expresaron claramente un sentimiento que se formó en miles de mexicanos más: ¿cómo volver a creer en la institucionalidad, cómo tener confianza en las “nuevas” investigaciones sobre el asesinato y desaparición de sus hijos, después de conocer un análisis que exhibió claramente que la actuación de las autoridades guerrerenses y federales no permite tener la certeza del destino de sus jóvenes?
La ruta la marcaron los mismos padres y madres, unas horas después de hacerse público el informe: sin un nuevo compromiso público del primer mandatario del país, y sin la garantía que les da la verificación imparcial y profesional del grupo de expertas y expertos sobre la investigación, no habrá confianza en el trabajo del Estado ante una de las más terribles tragedias que haya visto México en sus años recientes.
Otros países, como Guatemala, ya han demostrado que solamente una intervención internacional puede corregir el rumbo institucional donde la corrupción ha alcanzado altas esferas y donde reina la impunidad para los actores estatales; en México, además, vivimos una colusión entre el Estado y el crimen organizado a tal nivel que deja pocas opciones para acceder a la verdad y a la justicia a las víctimas de la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos.
En este escenario, han sido las propias familias de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil quienes han abierto la vía de la supervisión internacional. Fueron las víctimas y sus representantes quienes, ante la magnitud de la tragedia en Iguala y la ya notoria falta de eficiencia y voluntad política de las autoridades para dar con los estudiantes, decidieron solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud fue promovida por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El organismo interamericano, que pronto visitará el país, otorgó el 3 de octubre de 2014 las medidas cautelares MC-409-14.
Unas semanas después, el 29 de octubre, las madres y padres arrancaron al gobierno federal el compromiso de aceptar asistencia técnica de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las indagatorias, así como garantizar que el Equipo Argentino de Antropología Forense formara parte de las investigaciones.
El Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional se firmó el 12 de noviembre de 2014 y entró en vigor el día 18 del mismo mes. El Estado y los representantes de las víctimas presentaron a la Comisión, cada uno por su lado, una lista de personalidades sugeridas para conformar el grupo; la CIDH integró el GIEI utilizando ambas listas e incluyendo a personas de amplia trayectoria y reconocido prestigio en el continente. El Grupo inició su trabajo el 2 de marzo de este año.
La cooperación técnica, orientada a verificar técnicamente la investigación, analizar los planes de búsqueda, revisar la asistencia victimal y analizar las causas estructurales de las desapariciones forzadas, ha traído frutos indubitables.
A un año de los sucesos de Iguala, gracias al GIEI sabemos que los estudiantes no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula al punto en que se encontraba el fragmento óseo identificado como de Alexander Mora Venancio, como lo enarboló la Procuraduría General de la República. El GIEI no encontró ninguna evidencia para apoyar esta versión.
Al mismo tiempo, por el GIEI conocimos que todas las fuerzas de seguridad en la zona -municipales, ministeriales, estatales, federal y el Ejército- supieron del ataque prolongado y coordinado contra los estudiantes, pero no intervinieron para protegerlos y en algunos casos directamente fueron partícipes. Además, los expertos concluyeron que el carácter prolongado del ataque y la participación de al menos dos cuerpos de policía diferentes supone la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes.
Los expertos también desecharon como supuesto móvil el temor de que los normalistas sabotearan un evento de la esposa del alcalde José Luis Abarca, pues éste ya había finalizado, y destacaron la masividad y el escalamiento en los cinco ataques a los estudiantes, que se prolongaron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Por el trabajo de los expertos sabemos de la existencia de un quinto autobús incautado por los estudiantes y no presente en las indagatorias federales, a pesar de que los estudiantes sobrevivientes informaran sobre él y que el mismo fuera incluido en la primera investigación por parte de la procuraduría del estado de Guerrero. La posibilidad de que los estudiantes hubieran tomado, por error, un autobús vinculado a otros ilícitos y que esto hubiera desatado un ataque tan violento es una de las nuevas líneas que piden que sea investigada, habiendo confirmado el GIEI que en los Estados Unidos existen precedentes de investigaciones donde se menciona el uso de autobuses en Iguala para el trasiego de sustancias ilegales.
Dentro de este alud de información, extraída a golpe de análisis de documentos oficiales, entrevistas a participantes y peritajes independientes, el GIEI concluyó que la toma de autobuses para actividades académicas y políticas es practicada habitualmente por los normalistas de todo el país sin que se hayan registrado incidentes violentos, con dos excepciones precisamente en Guerrero en los años 2011 y 2012. También determinó que los normalistas ni forman parte de organización delictiva alguna ni se dirigían a sabotear algún evento. Afirmar lo contrario, señalaron los expertos, no tiene sustento.
En resumen, el GIEI ha develado que la verdad histórica de la PGR nunca fue tal. La respuesta al inédito informe no se ha hecho esperar: los nuevos resultados genéticos de Innsbruck y la captura de Gildardo López Astudillo se han presentado dolosamente como un contrapunto al Informe del GIEI; nada más lejano de la realidad. En cuanto a los resultados, el EAAF ha señalado que no son conclusivos y que la pieza ósea no provino del basurero de Cocula. Respecto de la detención, “El Gil” no confesó su autoría material, según ha constatado el Prodh en ejercicio de la coadyuvancia; en vez de priorizar la obtención de nueva información con respeto a los derechos humanos, la detención de este presunto responsable se ha empleado para probar a toda costa la hipótesis oficial.
En este escenario, los padres y las madres de Ayotzinapa llegan de nuevo a Los Pinos con la verdad aún por esclarecerse. Como lo han señalado los padres y madres de estos 43 jóvenes que faltan: sólo un nuevo compromiso público del más alto mandatario y la garantía de la vigilancia de los expertos independientes sobre las averiguaciones, expresada en el cumplimiento del #Informe GIEI en tanto garantía de verdad, permitirá que se reconstruya lo que la precipitada “verdad histórica” destruyó. Para que haya justicia y verdad las familias exigirán estas garantías; con la misma finalidad, este 26 de septiembre la sociedad mexicana volverá a salir a las callespara exigir que cese la crisis de desapariciones que hoy azota a nuestro país.
* Artículo publicado originalmente en Animal Político.