* La PGR se compromete ante los padres de familia de los desaparecidos.
Ciudad de México, 10 de julio de 2015. Después de cuatro meses de rompimiento de la comunicación entre los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la Procuraduría General de la República (PGR), ayer se dio una reunión -por intermediación del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, GIEI- en la que las autoridades federales se comprometieron a abrir nuevas líneas de investigación en el caso.
A petición de ambas partes, en este encuentro estuvieron presentes los miembros del GIEI, mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intervenir en el caso.
«El Grupo considera que esta reunión es un paso importante para avanzar en la investigación y mejorar la relación con los familiares y considera que el resultado fue fructífero», señaló el GIEI en un breve comunicado de prensa, en el que no dio detalles sobre los acuerdos.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, informó que la titular de la PGR, Arely Gómez, no se pronunció sobre la «verdad histórica» establecida por el anterior procurador, Jesús Murillo Karam, y solamente señaló que el caso sigue abierto.
Rosales informó que se acordó que las nuevas líneas de investigación serán sometidas al análisis del GIEI y se estableció un mecanismo periódico mensual de dotación de información a las familias. El mecanismo de intercambio de evaluación estará integrado por los titulares de las subprocuradurías Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y de Derechos Humanos, Felipe Muñoz y Omar Betazos, respectivamente, una persona de la oficina de la procuradora, y por parte de los agraviados una comisión de los padres de familia y abogados de Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, quienes ejercen la representación legal.
El tercer informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, ofrecido a mediados del mes de mayo de 2015, confirmó que el destino de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada no puede darse por resuelto de ninguna manera con la versión y las pruebas ofrecidas por la Procuraduría General de la República (PGR): primero, porque existen alegaciones de tortura por parte de algunas de las personas en cuyas declaraciones se basa la teoría del caso, y segundo, porque no hay un móvil sólido que explique el inicio de la trama esgrimida por las autoridades federales.
El GIEI, en la presentación del tercer informe, señaló que la investigación está fragmentada en 13 causas radicadas en 6 juzgados distintos, por lo que recomendó unificarla a fin de mantener una visión del caso y conectar los delitos, así como evitar la pérdida de evidencia, facilitar el acceso a la justicia y permitir el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes. Además, los expertos indicaron que se deben investigar otros delitos cometidos durante los hechos, como tortura, tentativa de homicidio y obstrucción de la justicia.
Los expertos informaron que también han apoyado a las autoridades en cuanto a los protocolos de investigación del delitos de desaparición, materia en la que insistieron que debe ser prioritaria la búsqueda de las víctimas.
Los expertos informaron que está pendiente la realización de numerosas gestiones que solicitaron anteriormente a las autoridades mexicanas, como la entrevista con el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y el cumplimiento con celeridad de la atención médica a las víctimas, cono en el caso de Aldo Solano y Edgar Vargas.
En su primer informe, rendido a finales de marzo, los expertos señalaron que la desaparición forzada de los 43 normalistas, los días 26 y 27 de septiembre, constituye un crimen de lesa humanidad; pidieron que continúe la búsqueda de los jóvenes y solicitaron una entrevista con el personal militar del Batallón 27 de Iguala. En su segundo informe, recomendaron abrir nuevas líneas de investigación.