* Buscan que se prohíba expresamente la desaparición forzada y que el Congreso apruebe una ley en este año.
México, DF, 15 de abril de 2015. Organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas, acompañadas por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entregaron ayer al Senado de la República una iniciativa ciudadana que propone reformas a los artículos 19, 29 y 73 constitucionales, a fin de que se reconozca a nivel constitucional el derecho humano a no ser desaparecido; que incluso en caso de suspensión de garantías se asegure el derecho a no ser desaparecido y que se faculte al Congreso a legislar sobre desaparición de personas, tortura, ejecución y desplazamiento forzado interno.
Guadalupe Fernández, madre del desaparecido José Antonio Robledo e integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), fue la encargada de presentar la iniciativa, suscrita por más de 120 organizaciones defensoras de derechos humanos.
También ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, solicitó “respetuosamente” al Senado que “a la mayor brevedad” apruebe en este periodo de sesiones la reforma constitucional para que se reconozca de manera expresa la desaparición forzada y para que se faculte al Congreso de la Unión para legislar en la materia.
Los expertos Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz, Carlos Beristain y Francisco Fox resaltaron en una carta que “México necesita contar en el menor plazo posible con herramientas legales actualizadas y acordes con los estándares internacionales, a fin de dar una respuesta pronta y efectiva a la problemática de la desaparición. Como GIEI esperamos que de esta manera pueda darse un paso que todo el país espera y la comunidad internacional apoya”.
La iniciativa ciudadana fue entregada a un grupo de senadores encabezados por Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta. Los representantes de la sociedad civil insistieron en la necesidad de ir más allá de la iniciativa presidencial para diseñar un marco legal acorde a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México.
“Urgimos al Congreso de la Unión a mejorar las condiciones legislativas para que la reforma al artículo constitucional en materia de graves violaciones a derechos humanos sea aprobada en este periodo de sesiones, como una forma de acatar sus obligaciones derivadas del artículo primero constitucional y de ser sensible a la grave situación en materia de derechos humanos que atraviesa el país”, señaló Luis Tapia, del Centro Prodh.
Los senadores se comprometieron a integrar la iniciativa al proceso legislativo en la materia y a buscar que el Estado reconozca la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU para recibir denuncias.
La iniciativa completa se puede descargar aquí.
Con información de 24 Horas y Fundar.