* La persecución apunta a desacreditar a quienes documentan violaciones a derechos humanos, acusan organizaciones internacionales.
México, DF, 08 de abril de 2015. Casi treinta organizaciones de derechos humanos internacionales y latinoamericanas pidieron al gobierno venezolano que detenga inmediatamente la intimidación que realiza contra defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes acusa infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país, indicaron en un comunicado público.
Las organizaciones explicaron que los señalamientos de las autoridades venezolanas se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos. “La persecución del gobierno apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos”, acusaron las organizaciones.
Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), además de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, entre otras organizaciones, recordaron que conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. Precisaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en 2003 que el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las defensoras y los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.
Los actos que han padecido reconocidos defensores y defensoras van desde difamaciones en medios estatales de comunicación hasta seguimientos y revisiones ilegales.
El 12 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, Diosdado Cabello, indicó en la página web de su programa de televisión que “representantes de ONG de la extrema derecha venezolana” participarían en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo. El político criticó anteriormente a defensores venezolanos de derechos humanos que intervinieron en el examen del país realizado por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, o que viajaron al exterior para participar en reuniones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
El 18 de marzo, Cabello leyó una lista con los nombres de personas y organizaciones participaron en las audiencias ante la CIDH, incluyendo a Provea, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela, Cofavic, Codevida y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Las acusó de recibir instrucciones de la embajada de Estados Unidos en Caracas antes de viajar a las audiencias.
Además, doce defensores y defensoras de derechos humanos que llegaron a Caracas en varios vuelos entre el 20 y el 22 de marzo afirmaron haber sido seguidos por personas no identificadas desde el momento del aterrizaje y hasta que salieron del aeropuerto y haber sido filmados, fotografiados y sus pertenencias registradas de manera irregular.
María Alejandra Díaz, abogada que representó al gobierno en las audiencias de la CIDH, manifestó en televisión que “el tema de los derechos humanos no es otra cosa sino una fachada” y que las organizaciones no gubernamentales que participaron en las audiencias “se dicen venezolanas” pero “le han hecho el juego al imperialismo” y “mienten frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para satanizar a Venezuela”.
Un artículo publicado el 3 de abril en el periódico oficial Correo del Orinoco acusó a dos reconocidos defensores de derechos humanos de ser parte de la “delegación venezolana” de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en la Cumbre de las Américas. Su objetivo sería “legitimar las acciones de desestabilización” en Venezuela, según el artículo.