* La veintena de medidas no pretende agotar, sino profundizar el debate público sobre rutas ignoradas por el gobierno.
México, DF, 06 de abril de 2015. Ante las graves violaciones a derechos humanos, la impunidad y la corrupción que campean en México, más de treinta organizaciones civiles presentamos veinte medidas urgentes en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, que estando ausentes de las acciones, reformas y declaraciones presidenciales, nos parecen indispensables para revertir esta crisis que hoy agravia a todas y todos los habitantes de este país.
La epidemia de las desapariciones, incluyendo las forzadas, quedó evidenciada por los sucesos de Iguala, que cumplieron ya medio año de ocurridos. Para combatirla, las organizaciones proponemos adoptar medidas emergentes, comenzando por legislar integralmente en la materia, con participación de la sociedad civil y de las víctimas e incluyendo aspectos como un plan nacional de búsqueda y la depuración de registros. En este sentido, es necesario emitir otras leyes –también en indispensable diálogo con la sociedad civil-, como las referidas a tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Además, se requiere que se retiren inmediatamente las reservas a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas a fin de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pueda conocer de casos individuales.
Como se ha señalado en diversas ocasiones, la falta de castigo a los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de la década de los sesenta es el abono para el crítico panorama que enfrentamos hoy. Así, consideramos necesario profundizar la asistencia técnica que brindan los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos al Estado mexicano para centrarla específicamente en abatir la impunidad, dada la probada incapacidad de las autoridades mexicanas para perseguir y sancionar eficazmente los casos más graves de violaciones a derechos humanos y corrupción.
El caso de Tlatlaya, así como miles más que se presentan cotidianamente, señaló las deficiencias de los servicios periciales en México y ejemplificó la urgencia de que se garantice su profesionalidad e independencia. Además, consideramos indispensable que se fortalezcan las instancias ministeriales responsables de la investigación de delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos, pues en México quedan impunes.
Éstas son solamente algunas de las propuestas analizadas, discutidas y acordadas en el marco del evento “La Sociedad Responde: propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos”, realizado el 26 de marzo en la capital de México, impulsado por Centro Prodh y Fundar y auspiciado por el Fondo para los Derechos Humanos Mundiales. Otras más pasan por retirar a las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública, realizar una investigación independiente sobre el conflicto de interés del presidente de la República en el tema de la Casa Blanca, reformular las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, desarrollando estrategias específicas para la generada por agentes estatales, como en el caso de la tortura sexual, y varias dedicadas al tema de transparencia, rendición de cuentas, eliminación del fuero político y combate a la corrupción.
La veintena de medidas no pretende agotar, sino profundizar el debate público sobre rutas ignoradas para salir de la crisis que se desnudó a partir de los sucesos de Ayotzinapa, Tlatlaya y el escándalo de la Casa Blanca.
En el diálogo público de las organizaciones se contó con la aportación de expertos nacionales e internacionales como Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Jacqueline Peschard, titular del Seminario Universitario de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Katya Salazar, directora ejecutiva de la peruana Fundación Para el Debido Proceso; Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; César Rodríguez Garavito, director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes; Christian Gruenberg, abogado por la Universidad de Buenos Aires y Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.