* Denuncian los efectos adversos que traerá la Ley Korenfeld de Aguas.
México, DF, 24 de marzo de 2015. El Consejo Indígena Náyeri y el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro responsabilizaron a la Comisión Nacional del Agua “por las profundas crisis hídricas en el país”, rechazaron la Iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld), demandaron que la Iniciativa Ciudadana de Ley sea aprobada y exigieron que termine la violencia ejercida contra las y los defensores del agua.
Ambas organizaciones se oponen a la construcción de la presa Las Cruces, que embalsará las aguas del río San Pedro Mezquital, que corre a lo largo de 540 kilómetros, desde su nacimiento en la Sierra Madre Occidental hasta su desembocadura en las llanuras costeras de Nayarit, territorio de los pueblos náyeri, wixaritari, tepehuanes y mexicaneros.
En conferencia de prensa, denunciaron que el carácter autoritario de la CONAGUA ha generado y agudizado una crisis hídrica de gran magnitud en todo el territorio nacional. “El agua es un bien común para la vida humana, la vida silvestre y los ecosistemas, y es fundamental para las actividades productivas que son necesarias para el desarrollo local, regional y nacional equitativo. El acceso y distribución justa del agua es fundamental para asegurar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades”, por lo que tiene que ser gobernada mediante estructuras democráticas, que eviten su privatización y cooptación por intereses económicos particulares en perjuicio de la mayoría de los mexicanos, detallaron.
En este sentido, señalaron, la iniciativa de Ley de Aguas que se discute en la cámara legislativa insiste en el control centralizado y hermético del vital recurso, “y se aparta de los lineamientos internacionales que sostienen que es a través de la gobernanza del líquido como se podrá asegurar al agua como derecho humano con acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible”, detallaron.
“La Ley Korenfeld profundizaría la actual crisis del campo al sujetar las aguas nacionales a dinámicas de compra-venta, eliminando los derechos de los núcleos agrarios y los pueblos rurales e indígenas y exacerbando su vulnerabilidad en materia alimentaria; priorizaría el agua para la minería tóxica (la cual no requeriría de concesión) y el fracking; eliminaría los espacios de participación; y permitiría que la Conagua hiciera uso directo de la fuerza pública para imponer sus decisiones”, alertaron.
De esta forma, la Conagua estaría violando los derechos de los pueblos y la normatividad vigente para favorecer a los grandes inversionistas en agua, energéticos, minería y agroexportaciones, sostuvieron. Advirtieron que es el caso de los trasvases Canal Centenario (Nayarit), Acueducto Independencia (Sonora), Monterrey VI, 4ª Etapa Cutzamala (Estado de México), Túnel Emisor Oriente/PTAR Atotonilco, Chapultepec/Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco) y Paso de la Reina (Oaxaca), que “podrían ser concesionados, junto con sus aguas, si se llegara a aprobar la Ley Korenfeld”.
Agregaron a la lista de proyectos a presas hidroeléctricas “mal diseñadas y privatizantes”: Las Cruces (Nayarit), La Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco), Jalcomulco y las 121 restantes propuestas para Veracruz.
Advirtieron que la iniciativa promoverá la sobreexplotación y el acaparamiento de aguas subterráneas, con el previsible resultado de desecamiento de las aguas de los pueblos originarios; desertificación de las tierras agrícolas en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; daños a la salud por el consumo de aguas “fósiles” en Chihuahua y Aguascalientes; así como la destrucción de viviendas y escuelas por grietas y hundimientos en los valles de México y Toluca. También acarreará privatización y mercantilización del agua en centros urbanos, en donde se garantizará el agua potable a industrias y embotelladoras, dejando a millones dependientes de pipas y el tandeo.
Las organizaciones señalaron su compromiso de luchar para lograr la aprobación y puesta en marcha de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, “elaborada a través de un amplio proceso colaborativo para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación de la ciudadanía”.
Finalmente, responsabilizaron a la CONAGUA “por las condiciones que resultaron en el asesinato de Antonino Flores Bautista, J. Santos Flores de la Cruz, Manuelita Solorio, Ismael Solís, Alberto Almeida. Asimismo exigimos la liberación de los presos Mario Luna y Fernando Jiménez de la Tribu Yaqui, María de la Cruz y Marco Antonio Suástegui de Guerrero, Eduardo Mejía Nava de San Bartolo Ameyalco, Teresita Brito Piña y Alfredo Esquivel y Cab de Quintana Roo, así como el levantamiento de los cargos fabricados en contra de Enedina Rosas Vélez y Abraham Cordero de Puebla”.