* Familiares de los 63 mineros muertos señalan responsabilidad del exprocurador en la impunidad y no rescate de los cuerpos.
México, DF, 04 de marzo de 2015. El comportamiento de Eduardo Medina-Mora Icaza en el caso Pasta de Conchos “lo incapacita y anula como juzgador e impartidor de justicia, al carecer de la autoridad moral para pretender realizar la defensa y promoción de los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas”, sostienen los familiares de los 63 mineros fallecidos hace nueve años en la región carbonífera de Coahuila, ante la postulación del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Eduardo Medina-Mora dio la espalda, como Procurador de la República, a la lucha por el debido proceso en el caso”, sostiene la Organización Familia Pasta de Conchos. Si su actuar hubiese sido distinto, considera, “hubiera abierto la puerta para conocer la verdad de lo sucedido y sancionar así a los responsables de la explosión”, además de que se hubiera logrado el rescate de los cuerpos de los fallecidos.
Eduardo Medina-Mora Icaza fue nombrado procurador general en diciembre de 2006, diez meses después de la tragedia. Ya como titular de la PGR rechazó, en 2008, la recomendación 64/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que concluyó la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, así como ejercicio indebido de la función pública, atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría.
El hoy aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesto por Enrique Peña Nieto, “ni atendió la solicitud de la CNDH de extraer de la reserva la averiguación previa mencionada, ni agotó las diligencias de investigación pendientes que estaban a su alcance planteadas por sus propios peritos en materia de incendios y explosiones, ni mucho menos investigó las irregularidades y omisiones en la práctica de los trámites necesarios para esclarecer los hechos”, acusan los familiares de los 63 mineros fallecidos en la mina carbonífera de Coahuila.
La dilación de la justicia apoyada por Medina Mora, sostiene la OFPC, “abrió un compás para que la empresa Industrial Minera México, de manera unilateral y cuando ya se habían recuperado dos cuerpos, cancelara las labores de rehabilitación de la mina y el rescate emprendido de los cuerpos de los mineros”.
Las y los familiares sostienen que la actuación de Medina Mora en el caso acarreó la continuación de su sufrimiento al no poder enterrar a sus seres queridos; una “increíble e infundada tolerancia hacia la empresa, responsable de la mayor tragedia minera de los tiempos recientes”; y la impunidad, hasta hoy, de los probables responsables.
Las familias de los mineros muertos en el homicidio industrial harán saber su posición al Senado de la República, que tiene alrededor de veinte días para decidir sobre la postulación del cuestionado candidato.