* El IFAI, “impotente” para castigar el desacato de la Procuraduría.
México, DF, 26 de febrero de 2015. La Procuraduría General de la República (PGR) es acusada de negar la información del caso Tlatlaya con conductas falsas, ante las solicitudes ciudadanas de que entregara copias de las averiguaciones previas. Los señalamientos ocurren en medio del debate sobre la discusión de la Ley General de Transparencia que, acusan las organizaciones civiles, hará más fácil ocultar información de violaciones de derechos humanos.
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), sostuvo que la PGR violó el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Archivo y la Ley Federal de Transparencia al reservar los peritajes del caso Tlatlaya con “conductas falsarias”, tanto ante el particular que solicitó la información como ante el Instituto. Los comisionados solicitaron que se investigue a los funcionarios de la Procuraduría por estas falsedades y por desacatar las disposiciones del propio IFAI, y ordenaron que entregue las versiones públicas de las consignaciones del expediente ante el juez que lleva el caso.
En el caso Tlatlaya, 22 civiles murieron a manos del Ejército el 30 de junio de 2014 en el Estado de México. La primera versión de las autoridades sobre las muertes fue que ocurrieron dentro de un enfrentamiento, pero posteriormente se reconoció –tras revelaciones periodísticas- que al menos catorce de las personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por los militares.
En la resolución de tres diferentes recursos de revisión promovidos por ciudadanos ante la negativa de la Procuraduría a entregar la información, los comisionados acusaron inconsistencias en las respuestas dadas por la PGR, pues en primer lugar argumentó que la información estaba clasificada como reservada pues era una averiguación en trámite; posteriormente dijo que no contaba con los documentos necesarios pues había consignado el expediente a un juez.
Esta semana, el pleno del Instituto aprobó modificar las respuestas de las PGR para que las declare inexistentes en virtud de que los expedientes ya fueron consignados a un juez, pero ordenó que entregue las versiones públicas de las consignaciones. Sin embargo, el comisionado Francisco Javier Acuña señaló a La Jornada que existe una “impotencia institucional”, ya que dar vista al Órgano de Control Interno de la Procuraduría por las faltas cometidas por la Procuraduría es una decisión “verdaderamente inofensiva”.
Las autoridades recurrieron, desde el primer momento, a reservar la información del caso. El gobierno estatal declaró “reservada” la investigación; después, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resolvió no entregar la información que solicitó un ciudadano. Luego, la PGR catalogó como reservada la información de los 11 dictámenes de la investigación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó como “investigación de violaciones graves” su propio expediente, de forma que se facilitó conocer algunos detalles de lo ocurrido.
El 19 de diciembre de 2014, el IFAI ordenó a la Sedena dar a conocer el número, el grado, la unidad y el batallón o la compañía a la que pertenecen cada uno de los militares involucrados en la ejecución de las 22 personas ocurrida, por la que siete militares enfrentan un proceso civil.
En cuanto al ámbito estatal, la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sobre la actuación de 20 de sus funcionarios acusados de torturar a tres testigos también deberá determinar si incurrieron en otros delitos contra la administración de justicia, ya que obstaculizaron la indagación de la CNDH al no entregar las fotografías detalladas de los cadáveres de las 22 personas.
Con información de Sin Embargo y La Jornada