Tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto definieron la línea de aplicar el carácter de cosa juzgada sin abrir la posibilidad de otra reforma constitucional que enderece los entuertos. En cambio, las múltiples concesiones mineras y megaproyectos del anterior gobierno, y sobre todo el actual, que avanzó con reformas como la energética, plantean un desafío a la subsistencia misma de los pueblos indígenas. Ante ello los movimientos indígenas se rearticularon regionalmente con otros nuevos a fin de enfrentar la dinámica de conflictos desatados por la agresión a sus territorios.
Los acuerdos de San Andrés se convirtieron en el programa de los pueblos, que se expresa en la resistencia y estrategias de defensa y ni hablar de la razón de Estado que definió el suyo desde 2001 para ofrecer a los pueblos políticas asistencialistas, culturalistas que nada tienen que ver con la autonomía y la libre determinación. Por ello no respetan sentencias de la Corte a favor de la tribu yaqui ante la violación a su derecho territorial al agua sin pasar siquiera por el derecho a la consulta; por ello están presos Nestora Salgado, comandante de la policía comunitaria en Guerrero; Marco Antonio Suástegui, del consejo opositor a la construcción de la presa La Parota, y Mario Luna y Fernando Jiménez, de la tribu yaqui. Por ello los pueblos no esperan que se cumplan los acuerdos de San Andrés. (La Jornada)